Edición Latinoamérica
09 de Agosto de 2020

A través de la Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos

La Asamblea Nacional de Ecuador aprueba una norma que legaliza los juegos de azar

(Ecuador).- El Pleno de la Asamblea Nacional debatió el pasado jueves por segunda vez y aprobó la Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos con 101 votos a favor y tan sólo cuatro abstenciones.

D

entro del texto se legaliza a los casinos, casas de juego, bingos, máquinas tragamonedas e hipódromos, montes de piedad y casas de empeño, negociadores de joyas, metales y piedras preciosas, comerciantes de antigüedades y obras de arte.

Todos estos negocios deberán informar sobre sus actividades a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) sus reportes de depósitos.

La aprobación del texto se dio pese a que el 23 de junio el presidente Rafael Correa anunció que se pretende prohibir totalmente los juegos de azar y los casinos que se encuentran en el país. “Vamos a declarar al Ecuador libre de juegos de azar, ya estamos preparando la reforma legal pertinente”, manifestó en ese entonces el Mandatario. Ante esto hay asambleístas que esperan que haya un veto del Ejecutivo en este tema.

La normativa aprobada tiene como objetivo detectar la propiedad, posesión, utilización, oferta, venta, comercio interno o externo, transferencia, conversión y tráfico de activos, producto de delitos o instrumentos de ellos, para la aplicación de sanciones.

El texto también determina mecanismos para descubrir actividades relacionadas con el lavado de activos, así como decomisar los de origen ilícito y recuperar aquellos productos de delitos cometidos en territorio ecuatoriano y que se encuentren en el exterior.

El articulado establece que quienes conozcan los delitos tipificados informarán a las autoridades correspondientes y a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), entendiendo por operaciones o transacciones económicas inusuales e injustificadas los movimientos económicos que no guarden correspondencia con el perfil de quien las realiza y no puedan sustentarse.

Las instituciones del sistema financiero podrán requerir y registrar todos los datos necesarios de sus clientes, permanentes u ocasionales, y de ser estos personas jurídicas. El registro incluirá la certificación de existencia legal, capacidad para operar, nómina de socios o accionistas, montos de las acciones o participaciones, entre otros documentos que permitan establecer una actividad económica.

El Directorio del Consejo Nacional contra el lavado de activos estará compuesto por el Procurador del Estado, Presidente de la Corte Nacional de Justicia, Fiscal General y Director de la UAF.

También serán parte los delegados de las Superintendencias de Bancos y Compañías, Director del Servicio de Rentan Internas, Gerente General de la Corporación Aduanera Ecuatoriana y Comandante General de la Policía Nacional.

El Estado suscribirá y ratificará convenios internacionales para contribuir a la prevención y detección de este delito.

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