Aunque operan en la clandestinidad, el negocio de los casinos pueden llegar a manejar hasta Q 2. 500.000.000 (U$S 304.971.000), cifra que se puede equiparar con el presupuesto de un ministerio grande durante un año.
Rayo precisó que la iniciativa pretende despenalizar los casinos porque, aunque están prohibidos, las autoridades no los controlan y se han convertido en centros “excelentes” para el lavado de dinero.
Los controles “son complacientes y tolerantes”, razonó Rayo, ante lo cual una ley de este tipo podrá ejercer mayor control y obligar a que esos negocios aporten impuestos al Estado en beneficio de la comunidad.