Según los legisladores aliancistas son empresas “ocultas” y presumen “maniobras poco claras”.
En la sesión del miércoles último, los diputados aprobaron una Resolución elaborada por el Bloque de la Alianza Frente de Todos por la cual se dirigen al Tribunal de Cuentas para que informe si ha sido notificado mediante oficio sobre el dictamen del Fiscal General de Investigaciones Administrativas, el Doctor Héctor Omar Miró, en los autos "Bloque de Diputados ‘Alianza Frente de Todos’ Ref. Contrataciones ECOM Chaco, Lotería Chaqueña, Municipios y Champion Game SRL. s/ denuncia" Expte Nro. 2346/09.
También cuestionan si, dentro de sus atribuciones y obligaciones que le son propias de conformidad a la Ley 4159, tuvo conocimiento acerca de las distintas contrataciones que en forma directa operaron Lotería Chaqueña, ECOM Chaco, Fiduciaria del Norte, con la empresa Champion Game SRL. y Horse Entertainment S.A., “sin respetarse el procedimiento de Licitaciones Públicas de acuerdo lo establece la Ley 5840 en su artículo 2º”.
Asimismo, el órgano de contralor y fiscalización en materia financiera, deberá informar si se ha expedido al respecto de los métodos y procedimientos a seguir para la subsanación de las omisiones, irregularidades e incumplimientos de la legislación vigente.
“Desde la Legislatura del Chaco, manifestamos nuestra más sincera preocupación por los sucesivos acontecimientos políticos que se denuncian como irregulares. En el caso particular, han sido notorias las formas de contratación realizadas por, Lotería Chaqueña, ECOM Chaco, Fiduciaria del Norte, con empresas privadas ocultas, que en el caso particular se presume, ciertas maniobras poco claras, sobre licitaciones y confrontando abiertamente con la Ley de Casinos (3593, Ref por Ley 5840)”, indican los fundamento del proyecto de Resolución que lleva la firma de los legisladores de la oposición.
Para los diputados, es preocupante que organismos estatales no controlen estas situaciones ya que las empresas Champion Game SRL. y Horse Entertainment S.A. no se encuentran empadronadas en el Registro de Proveedores del Estado, ni poseen domicilio en la provincia.
“Por ello creemos que el juego no es un servicio público que debe ser fomentado, sino en todo caso es una actividad riesgosa para la sociedad y deber ser absolutamente acotada y controlada por el Estado a fin de que secuelas de éste, como ser: (usura, ludopatías y otras derivaciones negativas y conexas), sean severamente fiscalizadas por estrictos controles que le compete a los órganos del Estado impidiendo el juego clandestino y velando y evitando que los ciudadanos de nuestra provincia, sean engañados y estafados. Resulta de sumo interés el presente proyecto de Pedido de Informes, a fin de aportar transparencia en el manejo de fondos públicos y privados en nuestra provincia”, fundamentaron.