Una multa de U$S 1.352.400 y/o 10 años en prisión son las penas que deben enfrentar los casinos online, proveedores de Internet, bancos que proceden a pagarles a los apostadores y los jugadores que infringen la prohibición.
Las empresas que publiciten o faciliten la promoción de juegos online -incluyendo emisoras de radio y televisión, medios gráficos y agencias de publicidad en vía pública- también deberán asumir las consecuencias de violar la ley.