Impulsan una ley para limitar el juego en la Provincia de Buenos Aires

Nivio propone que “la explotación y administración de los juegos de azar en cualquiera de sus modalidades sea realizada en forma exclusiva por el Estado Provincial”.

También propone la prohibición de “la oferta de juegos de azar o apuestas mediante la utilización de medios informáticos, Internet, telefónicos, telemáticos o cualquier otro medio de comunicación a distancia”.

El proyecto también establece que los días y horarios de apertura de los establecimientos de juegos deben ser controlados y reglamentados, impidiendo las aperturas por tiempo ilimitado o en horarios matutinos que fomentan las apuestas a toda hora del día, propiciando la compulsión al juego y no como un entretenimiento.

A su vez, el legislador socialista propone medidas que tiendan a advertir a la población las graves consecuencias de la ludopatía, promoviendo desde el Instituto acciones que combatan el juego compulsivo.

Las utilidades del juego deben “distribuirse entre el Estado Provincial, los municipios y entidades de bien público propiciando en todos los casos su destino a fines de asistencia social, jerarquizando la niñez, sin descuidar que parte de los recursos se destinen a combatir el juego compulsivo y de ayuda a quienes lo padecen”.

También prohíbe por el término de un año de habilitación a establecimientos destinados a la actividad. Por último, para alcanzar estos objetivos se plantea concretar una pronta caducidad de las concesiones vigentes para que el Instituto Provincial de Loterías y Casinos se haga cargo de las salas de juegos en el menor tiempo posible. En cuanto al personal que desempeña tareas en las mismas debe ser asumida por el Instituto garantizando las fuentes de trabajo y el ingreso de todos los trabajadores.

Cabe destacar que la ludopatía no está reconocida como una enfermedad por el Programa Médico Obligatorio (P.M.O.). “Debemos asumir con urgencia y responsabilidad esta situación”, planteó Nivio.

Para Nivio, la Cámara de Diputados “tiene la imperiosa obligación de legislar en el sentido que lo hicieron los constituyentes hace 16 años en la Reforma Constitucional, propiciando construir un modelo de explotación de los juegos de azar racional y que limite a la mínima expresión su negativa influencia sobre la vida comunitaria, dejando de caracterizar al ‘juego’ como una forma de obtener recursos para el erario público”.