Según Feceazar, más de un billón de pesos están evadiendo los traficantes de juegos. Los ilegales dejan de pagar en impuestos más de dos veces lo que busca el Gobierno incrementando de 5 a 16 por ciento el IVA, en los juegos de azar.
El Gobierno anunció la creación de una Superintendencia delegada de la Superintendencia de Salud, para vigilar las apuestas. Aseguran que todas las máquinas de apuestas deberán conectarse a una terminal de la entidad. Si no es así serán decomisadas.
La ilegalidad de los juegos es un delito que se castiga con cárcel de 6 a 8 años y no es excarcelable.