El Gobierno portorriqueño promueve una regulación de las tragamonedas

El ejecutivo pretende reglamentar una actividad sin control alguno. En la isla existen cerca de 120.000 tragamonedas, de las cuales según el gobierno sólo 8.000 cuentan con los permisos correspondientes para operar.

El secretario de Hacienda, Juan Carlos Puig, señaló que el Proyecto 1639 que propone la creación de una ley para regular las tragamonedas estipula además reducir el número de las máquinas a 40.000.

El funcionario explicó que la iniciativa creará por ello “mayores oportunidades para la industria de los casinos”, además de una recaudación de 220 millones de dólares anuales en impuestos.

Puig aclaró que la ley, de aprobarse, estipula el cobro de U$S 2.250 en concepto de licencia por máquina, además de permitir la participación del estado en las ganancias de los comerciantes.

El secretario de Hacienda destacó que la ley estipula que las máquinas se instalen a un mínimo de 300 metros de instalaciones como hospitales, escuelas y hoteles.

La presidenta de la Asociación de Hoteles y Turismo de Puerto Rico, Clarisa Jiménez, dijo que de aprobarse la ley perjudicará gravemente al sector que representa, ya que los casinos de la isla -ubicados en los hoteles- perderán miles de puestos de trabajo.

Jiménez alertó que además de perderse miles de puestos de trabajo se expondrá a niños y ancianos a las tragamonedas en cualquier punto de la geografía de la isla. “Se van a perder miles de empleos, pero a ello hay que sumar las consecuencias sociales”, sostuvo la representante de la patronal hotelera.

Datos aportados por la Asociación de Hoteles y Turismo de Puerto Rico señalan que los ingresos generados por los casinos representan entre el 30 y 50% de las ganancias de los hoteles en la isla caribeña.

Las patronal hotelera estima que la ley provocará unas pérdidas de cerca de U$S 46 millones anuales en concepto de los salarios que dejarán de recibir los miles de trabajadores de los casinos que estiman perderán sus empleos.

La Asociación de Inspectores de Juegos de Azar también se pronunció a través de su portavoz, Víctor Pizarro, al señalar que la ley perjudicaría tanto a hoteles como a la población en general.