Edición Latinoamérica
29 de Octubre de 2020

En el marco de la comisión general realizada el pasado miércoles

Defienden la legalización de los bingos en Brasil

(Brasil).- El diputado Regis de Oliveira (PSC-SP) defendió el pasado martes 30 la aprobación del proyecto de enmienda de su autoría que prevé la legalización de los bingos en Brasil. Según este proyecto, los programas electrónicos usados en las salas de bingos tendrán que estar ligados a los órganos de control tributario para permitir la fiscalización en tiempo real.

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urante la realización de la comisión general del pasado martes, que debatió la propuesta en el Plenario de la Cámara de Diputados, el diputado Regis de Oliveira (PSC-SP) explicó que entre las ventajas propuestas en la enmienda está la garantía de fiscalización de la actividad que va a evitar el uso de la misma para lavado de dinero, proporcionar aumento en la recaudación, legalización de los empleos de personas ligadas a la actividad además de la identificación y tratamiento por el sistema de salud de posibles ludópata.

 

“La enmienda prevé que 15% de las regalías que serán recaudadas por el gobierno con la actividad, sean destinadas a programas de salud pública para la atención y tratamiento de ludópata. Esas personas serán ideantificadas por medio de un registro nacional que quedará a cargo de las salas de bingo. Una vez identificado como ludópata, el jugador no podrá frecuentar más las salas de juego, ya que los dueños de los establecimientos estarán sujetos al pago de multas pesadas en caso de no respetar esta prohibición”, explicó el diputado.

 

La propuesta que legaliza la actividad de juegos de bingo en Brasil ya fue aprobada por las comisiones permanentes y está lista para ser votada por el Plenario de la Cámara. El texto de la enmienda reúne ocho proyectos (270/03, 1986/03, 2999/04, 3492/04, 2429/07, 2944/04, 3489/08 e 2254/07). En tanto, luego de la realización de la comisión general en el Plenario de la Cámara, el presidente de la misma, diputado Michel Temer (PMDB-SP), informó que no hay un plazo provisto para la votación del proyecto.

 

La enmienda de Regis de Oliveira prevé que, descontados los premios pagados, las salas de bingo tendrán que pagar a la Unión, a los Estados o al Distrito Federal, además de los impuestos, 17% de las reservas a título de regalías, siendo el 15% para el sistema de salud; 1% para inversiones en cultura y 1% para inversiones en deportes. Los establecimientos tendrán que pagar una tasa mensual de fiscalización de R$ 20 mil (U$S 11.233).

 

Los programas electrónicos usados en las salas de bingos tendrán que estar ligados a los órganos de control tributario, para permitir la fiscalización en tiempo real. En el caso del videobingo, 80% del valor de las apuestas tendrá que ser distribuido en forma de premio. Para los bingos presenciales esa suma será de 70%.

 

Sólo podrá explotar ese tipo de negocio la empresa que compruebe estar al día con todos los débitos fiscales. Los socios  tendrán que presentar una serie de documentos como certificación negativa en las áreas civil y criminal.

 

Oliveira cree que las medidas previstas en la enmienda van a impedir que los bingos sirvan para el lavado de dinero y generarán recursos al país: “además de una sólida fiscalización, habrá distribución de recursos al Poder Público. Entonces, el hecho de legalizar el bingo no significa dar respaldo alguno a cualquier tipo de criminalidad. Por el contrario: estamos dando condiciones efectivas para que todas las actividades sean fiscalizadas. Brasil es reconocido como país turístico, por lo tanto es esencial que tengamos juego para incentivar el turismo”, dijo.

 

Regis de Oliveira destaca también que el texto prevé la creación de un registro nacional de adictos al juego que tendrán prohibida la entrada en las salas de bingo. La propuestas establece un valor limitado de apuestas por día para cada persona. Las salas de bingo que incumplieran las reglas podrán pagar una multa de hasta R$ 500 mil (U$S 280.836), pueden aprehender su equipamiento y suspenderles el funcionamiento o clausurarlas. Quien mantenga el establecimiento sin autorización podrá tener una condena de hasta cinco años en la cárcel y multa. Además, quien permita la presencia de menores de 18 años estará sujeto a dos años de prisión y multa.

 

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