Los directivos del Hyatt Mendoza cargaron contra el Gobierno por los casinos

Nicolas Hughes, gerente general del Regency Casino; Daniel Dolatre, gerente general de Hyatt, y José María Astarloa, director de la Sociedad Latinoamericana de Inversiones, plantearon públicamente su disconformidad con las medidas tomadas por Celso Jaque. Astarloa sostuvo que “la acción del Gobierno va en contra de una medida judicial que pide frenar toda modificación en los casinos existentes”. Dijo que los representantes de la firma están “sorprendidos”, con “fastidio y preocupación” por la decisión. “Esto se traducirá en una menor inversión. Ojalá no haya que bajar los puestos de trabajo”, reveló Hughes.

“Queremos exteriorizar nuestra profunda preocupación por la inseguridad jurídica que sentimos, debido a los actos que ha impuesto el señor gobernador por el dictado de un decreto que ha avasallado medidas judiciales que se habían dictado con anterioridad. Esto nos preocupa. Esto afecta a nuestro negocio muy seriamente y no estamos dispuestos a que determinadas situaciones que van más allá de lo legal puedan afectar la inversión que hemos realizado y sobre todo el futuro de la inversión”.

Astarloa, no obstante, distinguió: “Reconocemos la existencia de competencia, pero lo que pedimos es que la competencia quede ceñida a un marco jurídico. Vemos que ahora se han dictado autorizaciones sin estar de acuerdo con el marco de formalidad y legalidad”, con relación a la ley Nº5.775, que establece que la superficie de un hotel destinada a casino no debe exceder el 4% de la superficie total del edificio.

Astarloa también reconoció que la sala de juego del Regency se creó por una ley específica que permitía ocupar hasta el 10% de la superficie del hotel. “Como se trataba del ex hotel Plaza, se creó un contrato de concesión que le asigna la explotación durante 35 años a la firma Plaza Hotel Mendoza, que integra a Hyatt y Regency. La ley nos permitía usar más superficie porque lo que buscó la Provincia era incentivar la reactivación del ex Hotel Plaza”.

Astarloa insistió: “Ahora aparecen interpretaciones distintas de la ley provincial y hacen que ese 4% se transforme en un 10% u 11%. Nos ponen en una situación de desigualdad normativa que no estamos dispuestos a asumir. No hay que ser demasiado exégeta de la norma, simplemente al leerla dice que el 4% de la superficie del hotel es el área que puede destinarse a salas de juego, sin discriminar áreas como está haciendo el Gobierno”.

“Iniciamos una acción judicial en el 2008 por la interpretación que se hizo de la ley. Se obtuvo una medida cautelar firme; inclusive, el Instituto de Juegos concordó con nosotros porque en la contestación de traslado de la demanda coincidimos. Esa medida establece que no debe haber modificaciones ni ampliaciones en los casinos existentes, hasta tanto se resuelva la interpretación final del artículo 2 de la ley Nº5.775”, dijo Astarloa.

La firma les da empleo hoy a 617 empleados, entre 367 afectados al casino y 250 al hotel.

Hughes sostuvo: “Los dueños de la firma tienen un compromiso con nuestros empleados, pero esto es un negocio”.

Astarloa agregó: “La firma evaluará oportunamente, de acuerdo con el nivel de incumplimiento y el daño que se provoque”, la posible rescisión del contrato de concesión que firmó con el Gobierno en 1999.