El recurso interpuesto hace hincapié en tutelar “el derecho a la salud y a la vida de miles y miles de personas que son o pueden ser ludópatas y por extensión de todos aquellos que tengan relación con ellos y demostrar que el juego por Internet abarca todos los niveles y todas las edades, sin ningún tipo de control estatal. Que al contrario de lo que debería ocurrir esto es prevenir la adicción al juego, el estado con grandes campañas publicitarias incentiva cada vez más a los (no lo dudemos) futuros ludópatas”.
A su vez, se remarca “la falta total de controles en el juego por Internet, desde donde se puede acceder sin ningún tipo de trabas, a casinos de todo el mundo y a la más amplia variedad de juegos. y un gran porcentaje de los que juegan son menores ya que pueden fácilmente falsear sus datos personales. ¿Qué se afecta con el juego por Internet?: la recaudación estatal y por ende, los recursos que el mismo Estado debe destinar a la prevención de la Ludopatía y a la atención psíquica, física y moral de los que ya son Ludópatas y sus familias”.
También, se busca demostrar que “el estado provincial con su conducta está creando un peligro cierto y actual violando así derechos constitucionales (el derecho a la vida, a la salud, al trabajo y a la propiedad entre otros). El servicio de Internet debe ser considerado como riesgoso para la salud de las personas, en lo que se refiere al acceso irrestricto a las páginas de juego, sin advertir sobre los riesgos que implica el juego compulsivo y que puede llevar a los usuarios a la ludopatía, enfermedad incurable, adicción patológica perjudicando a los empleados de casino afectando sus puestos laborales”.
Por último cabe advertir que “se ocasiona una evasión monumental de impuestos que debería ser recaudado por el estado provincial, propiciando el lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas”.
En la decisión que el Juzgado dio viabilidad a la petición, ha intimado en plazo de cinco días, al gobierno a que de acabado detalles sobre lo realizado en la temática.