La primera señal vence el próximo sábado 10, aunque la promotora dispone de otros cinco días -hasta el jueves 15- para hacer efectivo el pago de las prórrogas. Sin embargo, los responsables de ILD han decidido adelantar la materialización de los pagos. Una vez efectúen los ingresos, tendrán el suelo a su disposición hasta el 10 de junio de 2010.
Llegada esa fecha, ILD sólo podrá prorrogar una vez más las opciones de compra, cuya vigencia se prolongaría hasta el 10 de febrero del 2011. Es el plazo límite para comprar las tierras: entre el 10 y el 15 de ese mes deberán -si no lo han hecho antes- optar entre pagar el 76% restante del valor de las tierras y comprarlas o, en caso contrario, plegar velas y abandonar el proyecto, con lo que los propietarios de los terrenos se quedarían con los 900 euros que habrían cobrado hasta entonces por cada una de las hectáreas puestas a disposición de la promotora.
Las vigencia de las opciones termina tres meses y medio antes de las próximas elecciones autonómicas, salvo que el presidente Marcelino Iglesias tomara la decisión -improbable, según diversas fuentes parlamentarias- de adelantarlas.
Torres explicó que ILD espera formalizar a lo largo de este mes opciones de compra sobre parcelas que suman entre 200 y 250 hectáreas más. Los vecinos que las poseen no disponen todavía de los documentos registrales que prueben que son los propietarios.
El Ayuntamiento de Ontiñena planea aportar al proyecto entre 1.300 y 1.400 hectáreas más de propiedad municipal, aunque sólo tomará esa decisión "cuando todo el proyecto vaya adelante", indicó Torres. "Dentro de la legalidad, haremos lo que haga falta" para que salga adelante el proyecto, añadió.
Por otro lado, la filial zaragozana de ILD, International Leisure Development Spain, ha modificado recientemente su Código de Actividades Económicas al pasar del epígrafe genérico de Construcción al específico de Construcción de edificios residenciales.
Paralelamente, se ha inscrito en el SIC (Sistema Internacional de Comercio) como empresa dedicada a Contratas no industriales ni residenciales.