"La Intendencia de Montevideo viola el principio de igualdad entre las empresas y aumentará sus pérdidas porque las máquinas que planea adquirir otorgan un porcentaje menor de recaudación", dijo el representante legal de las ocho firmas, Miguel Castellán.
Los denunciantes señalaron que la licitación municipal fue elaborada "a medida" para una empresa extranjera y "en forma directa" porque los excluye del llamado, dijo la edila colorada Cristina Ferro. Agregó que trasmitió a los empresarios que esas afirmaciones debían repetirlas en la Comisión de Derechos Humanos de la Junta.
Después de la reunión con dicha asesora, Castellán reiteró que una empresa extranjera reúne las condiciones exigidas en el llamado de la IMM. "De hecho solamente una empresa que no es uruguaya se puede presentar a la licitación", advirtió Castellán.
El asesor legal dijo que la licitación no es abierta porque el artículo 6° del pliego limita a los oferentes. Este señala que quedan excluidos del mismo aquellas empresas o empresarios que tuvieron o mantengan procesos administrativos o legales vinculados al arrendamiento de slots.
Algunas máquinas pertenecientes a las empresas denunciantes fueron retiradas meses atrás de las salas municipales por una supuesta infracción aduanera.
Para Castellán, la licitación municipal "puso trabas" a varias empresas investigadas por la Justicia Penal por eventuales irregularidades ocurridas durante la gestión del ex director de los Casinos Municipales, Juan Carlos Bengoa -hoy en prisión-. "Esas empresas no tienen ningún obstáculo para operar. Todavía no hay resolución judicial al respecto. Pero también hay otras firmas arrendadoras de slots que no tuvieron ninguna responsabilidad" en los presuntos ilícitos cometidos por Bengoa, explicó.
Las empresas arrendadoras pretenden que sus máquinas continúen operativas hasta que la Intendencia realice un llamado a licitación sin restricciones para la adquisición de nuevos slots.
Castellán advirtió que las empresas que en este momento arriendan slots a la comuna solicitaron a la comuna una prórroga de la licitación, pero ésta no la concedió. Indicó que el sistema de compra elegido por la IMM "no es ilegal", pero dijo que hay empresas que "saldrán perjudicadas" por este negocio. Agregó que el único camino que le queda a las empresas afectadas es la presentación de un recurso ante el TCA o iniciar una demanda por daños y perjuicios.