En contrapartida, el diputado Martello pidió la separación del cargo del presidente del IPLyC

Argentina: la Asociación Gremial del Hipódromo respalda la gestión de Peluso

23-07-2009
Tiempo de lectura 1:19 min
(Argentina).- Autoridades de la Asociación Gremial del Personal de Hipódromo respaldaron la gestión del cuestionado interventor de la Lotería Bonaerense, Luis Peluso. Aunque el gobernador bonaerense, Daniel Scioli, ya tiene la decisión tomada de que se le dará salida del cargo porque piensan que hizo mérito para su recambio, el gremio descree que ello suceda.

Al respecto, el Secretario general de Hipódromos, Miguel Ángel Quiroga, consideró: “no creo que Scioli lo vaya a desplazar. Le hemos mandado una carta documento explicando la gestión, que ha sido importante lo que hizo”.

“Lo que manifestamos es una realidad, su gestión no ha sido buena sino extraordinaria”, dijo el dirigente. Además, agregó: “creo que no tiene nada que ver su vida personal, que no la conozco, con la gestión. Ha estado colaborando en todo sentido y en toda forma cada vez que se lo ha solicitado”.

Por otra parte, el diputado provincial Walter Martello envió una carta a Daniel Scioli para que separe de Loterías y Casinos a Luis Peluso, acusado de tener negocios particulares en el rubro del juego, "salvo que el propio Gobernador tenga complicidad en el accionar del interventor y los intereses sean lo suficientemente fuertes como para obviar la realidad", dijo.

“Seguimos sosteniendo que ante la inminencia de la caducidad de las licencias se debe dar paso a un nuevo régimen. Este es un momento propicio para entender que el Estado tiene que tener un rol fundamental en el desarrollo y el control del juego”, sostuvo Martello.

Al mismo tiempo, el diputado señaló que la forma de explotación de las casas de juegos de azar y de la administración provincial “no se enmarcan de manera estrictamente jurídica”.

Martello reclamó que se apruebe la creación de una Comisión investigadora referida al juego. “Hace más de un año que presentamos el proyecto y sin embargo sigue sin ser tratado”, el diputado destacó que en esa instancia se debería “analizar las ganancias, utilidades de las empresas y los posibles perjuicios que se le generen al Estado en este tipo de negocios”.

 

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