La votación sería de la siguiente manera: A favor de la anulación: Sergio Manuel Céspedes, intendente de Gral. Aquino, representante de los municipios, y María Cristina Villalba, gobernadora de Canindeyú, representante de las gobernaciones. A favor de la adjudicación: Ricardo Lugo, representante del Ministerio del Interior, y Gerardo Morales, representante de la Diben. Solo en caso de empate, y así parece que sucederá, votará la presidenta del ente Patricia Marchewska, quien según dicen, porque la funcionaria no quiere conversar con la prensa, sería favorable a que se defina la adjudicación.
El otro aspecto que se debe tener en cuenta en el caso de que se anule la licitación es que se perderá una inversión de U$S 5 millones que necesariamente debe realizar el consorcio adjudicado. Esto significa unos 300 puestos de trabajo que quedarán pendientes, ya que si se hace todo de nuevo, recién entre octubre y noviembre se volvería a licitar de nuevo.
Los representantes de las firmas que pugnan en la licitación tienen el temor de que todavía, pese a los cambios realizados en la Conajzar por el presidente Fernando Lugo, persistan las influencias políticas a la hora de definir una licitación.
Son dos los consorcios que quieren la explotación del casino: Starnet-Casinos del Litoral y La Gloria Hotelería - Hotelera Emprender.
El primero presentó una oferta económica de G. 300 millones (U$S 59.356) por mes en concepto de canon y el segundo G. 255 millones (U$S 50.453), con la salvedad de que ellos están aportando un porcentaje al IPS, teniendo en cuenta que el edificio donde funcionará el casino es el Hotel Guaraní de la previsional.
Ambos consorcios aguardan que la adjudicación se defina hoy tal como figura en el orden del día de la Conajzar. A pedido de uno de los consorcios, la Contraloría General de la República también tomará intervención en el proceso licitatorio a fin de darle un marco de mayor transparencia a todo lo actuado.