A partir de febrero, la nueva Comisión de Políticas de juego de la Cámara de Diputados comenzará a definir las nuevas políticas en esta materia, bajo la presidencia del demócrata Alberto Sánchez. Esto resulta conflictivo para el Ejecutivo, ya que el diputado busca la prohibición de nuevas salas en Mendoza, algo contrario a los intereses oficiales.
El nuevo organismo está compuesto por los presidentes de los partidos con representación parlamentaria, es decir, que cuenta con una mayoría opositora. Esto hará que el Gobierno deba negociar para lograr imponer sus iniciativas dentro de la Casa de las Leyes.
“Con el Ejecutivo mantenemos posiciones contrapuestas. Desde el bloque consideramos que el Gobierno no cuenta con políticas de juego claras y eficaces, y esto hace que no se midan las consecuencias sociales de seguir abriendo casinos en Mendoza”, señaló Sánchez.
Precisamente esta es una de las principales preocupaciones del demócrata, quien aseguró trabajar para “definir una legislación que regule la actividad de los casinos, tanto privados como estatales”.
A principios de febrero se realizará la primera reunión de los diputados y quedará efectivamente constituida la Comisión. Este primer encuentro servirá para definir el temario sobre el que se trabajará durante el año.
Una de las ideas es solicitar al Senado que acompañe el proyecto presentado para prohibir por diez años la aplicación de la Ley 5775.
“Además de la prohibición de nuevas aperturas, trabajaremos en la creación de centros de atención para afectados por la adicción al juego; diseñaremos estrategias eficaces para asistir a los ludópatas, creando conciencia social y política sobre lo perjudicial de estos centros”, finalizó el demócrata.