Si bien los agencieros no desconocen el avance del uso de la red, vienen bregando porque se ejerza un control por parte del Estado para evitar evasiones tributarias y los perjuicios de la ludopatía, entre otras cuestiones.
El diputado nacional del Frente para la Victoria, Alejandro Rossi, presentó un proyecto que establece la prohibición de juegos de azar por Internet, del uso de tarjetas de crédito y cajeros automáticos en las salas de juego y su restricción horaria. “La ludopatía es reconocida como enfermedad y trastorno mental desde 1980 por la Organización Mundial de la Salud y sus organizaciones asociadas”, recordó el legislador.
En este sentido, Castellaneta coincidió en que con las apuestas virtuales “toda la labor que se viene desarrollando para orientar al ludópata queda perdida; mientras que la falta de control del ingreso de menores, permite además que cualquiera se pueda registrar con nombre y DNI falsos, y sería tomado como válido”. Y agregó que “cualquier ciudadano argentino puede realizarlas sin control y sin tributar a los organismos oficiales que luego derivan los ingresos a la ayuda social”.
Entre las medidas que el legislador santafesino propone, se destaca "la prohibición absoluta de los juegos de azar por Internet".
El diputado nacional justificó la medida: “Regular la actividad comercial es competencia del Congreso, tenemos que establecer reglas. Nosotros no alteramos ni prohibimos la actividad pero sí incorporamos cuestiones que son hasta sanitarias, normas que tienen los principales países europeos y norteamericanos”.
Por su parte, el titular de FACALQA y de la Cámara de Agentes Oficiales Bonaerense, no renegó sobre nuevas modalidades de juego y se mostró dispuesto a discutir alternativas pero “siempre sobre la base de que debe haber un estricto control por parte del Estado, cuidando a los apostadores, con la participación de los institutos vigentes y destinando los fondos a quienes más lo necesiten”.
Rossi propone una legislación nacional porque la aparición del juego por Internet hace de cumplimiento imposible cualquiera de las reglamentaciones vigentes en territorios provinciales y jurisdicciones específicas. A lo que Castellaneta adhirió porque “puede implementarse en una provincia pero se puede jugar desde cualquier punto del país, invadiendo jurisdicciones; se pierde el control para orientar al ludópata y pueden acceder menores tomando el celular de un mayor”.