Uruguay: denunciarán a empresarios que arrendaron las slots a la Intendencia de Montevideo

Las irregularidades en las facturas emitidas por los empresarios que serán denunciados fueron para justificar sus donaciones a la "colecta" realizada entre quienes arrendaban slots al Municipio, para que se hicieran mejoras en las instalaciones del Casino Parque Hotel, añadieron las fuentes.

Dicha donación ascendió a U$S 276.350, según una pericia realizada por dos contadoras del Instituto Técnico Forense (ITF) y fue organizada por Felipe Ruiz, propietario de la empresa Sabid S.A., que se encargaba de la reparación de los slots.

El 21 de diciembre de 2007, Ruiz fue procesado con prisión al igual que Bengoa, el ex director de Loterías y Quinielas Orestes González y otras dos personas, acusadas de los delitos de concusión, fraude y conjunción del interés personal con el público.

Las irregularidades que la DGI constató se centran en la forma en que algunas empresas registraron la salida de esos fondos, unos U$S 25.000 por cada empresa, destinados a la "colecta" para refaccionar el Casino Parque Hotel.

La investigación de la DGI abarcó a 18 empresas que alquilaron slots a la Intendencia y fue consecuencia de los procesamientos por irregularidades en los casinos municipales dispuestos por la jueza penal Fanny Canessa.

En los autos de procesamiento, la magistrada ordenó que se diera cuenta de lo actuado a la DGI, debido a las presuntas irregularidades tributarias de esas empresas.

Para Canessa y la entonces fiscal del caso, Olga Carballo, con la prueba que recabaron estaba demostrado que varias empresas incurrieron en delitos. Pero la normativa vigente establece que los delitos tributarios sólo pueden ser investigados penalmente si la DGI los denuncia, lo que en este caso se concretaría la próxima semana.

El auto de procesamiento expresa que varias empresas "realizaron negocios no demasiado claros" con otras empresas. Además, muchas de esas firmas compartían domicilio y directivos o éstos eran familiares de otros, incluso de algunos de los procesados.

"Se constataron enormes irregularidades en la documentación contable presentada a las peritas por las empresas", afirmó Canessa días después de los procesamientos de diciembre pasado.

En febrero de este año, Canessa habilitó a la DGI el acceso a la información sobre las empresas que arrendaron máquinas tragamonedas a la comuna y el contacto con las peritas que asesoran a la jueza, con el objetivo de interiorizarse del caso.

Los funcionarios de la DGI encargados de la investigación visitaron las empresas, interrogaron a sus directores y les pidieron documentación, en especial sobre la donación que realizaron para las refacciones en el Casino Parque Hotel, indicaron las fuentes.

En julio, la DGI denunció penalmente al ya procesado Ruiz, a quien consideran que adeuda al Estado U$S 6,1 millones. El organismo consideró que con declaraciones juradas falsas, Ruiz logró enriquecerse con el dinero que omitió volcar a la administración y que su intención fue el fraude fiscal.

En un informe que las peritas del ITF entregaron a Canessa meses atrás, recordaron que el entonces director del Departamento de Desarrollo e Integración Regional de la Intendencia Municipal de Montevideo (IMM), Alberto Roselli, remitió a varias empresas que arrendaron slots a la comuna una nota de agradecimiento por la colaboración realizada para la refacción del casino ubicado en el Parque Rodó.

"Sin embargo, existen empresas que aparentemente no habrían colaborado por cuanto no existe ni factura, ni recibo, ni hoja membretada, emitida por la empresa Sabid S.A. y tampoco existe registración contable de tal colaboración. En consecuencia no se entiende la razón por la cual el Sr. Director Roselli realiza tal agradecimiento, si éste en los registros contables y documentos no ha existido", señalaron las peritas.

El diputado nacionalista Jorge Gandini realizó un pedido de informes al Ministerio de Economía -del que depende la Dirección Nacional de Casinos del Estado- para conocer la situación contractual de Juan Kardjian.

En el escrito, el legislador pregunta cuál es la fecha de vencimiento del contrato vigente de Kardjian con la Dirección de Casinos y si el actual director, Fernando Nopitsch, piensa renovarlo. También solicita conocer el cargo que ocupa Kardjian y sus responsabilidades.

Por último, la solicitud de informes interroga a la actual Dirección de Casinos del Estado si está al tanto que el auto de procesamiento de Juan Carlos Bengoa -ex director de esa oficina- "incluye el delito de conjunción del interés público con el privado, por haber contratado al Sr. Juan Kardjian en esa Dirección a partir del año 2005".

Si bien Kardjian fue contratado por Bengoa como supervisor técnico del programa 2 Hipódromo de Maroñas - que gestiona la empresa Hípica Rioplatense- con el máximo grado administrativo, en enero de este año el entonces ministro de Economía, Danilo Astori, le renovó el contrato.

Un informe que dos peritas del Instituto Técnico Forense entregaron a la jueza Canessa, indicó que Kardjian colocó y retiró dinero de las cuentas bancarias de Bengoa.

El Tribunal de Apelaciones en lo penal de 1° Turno resolverá la semana próxima si ratifica o revoca el procesamiento con prisión del ex director de Casinos del Estado, Juan Carlos Bengoa; el ex director de Loterías y Quinielas, Orestes González; el empresario Felipe Ruiz; el funcionario municipal Gustavo Dalmonte, y José Luis Antúnez (ex asesor de Bengoa), por irregularidades en los casinos municipales en el período 2000-2005.

Durante esos años que abarcaron la segunda gestión de Mariano Arana al frente de la Intendencia de Montevideo, Bengoa fue el director de los casinos municipales, los que registraron pérdidas millonarias, que se ubicaron en el entorno de los U$S 13 millones.

Los cinco procesados apelaron la decisión judicial y continúan en prisión.

La jueza penal Fanny Canessa y la entonces fiscal (ya retirada) Olga Carballo, coincidieron en que Bengoa, González y Antúnez incurrieron en los delitos de concusión, fraude y conjunción del interés personal con el público; Ruiz en concusión y fraude y Dalmonte en fraude.

En los autos de procesamientos, Canessa indicó que a esos delitos se puede agregar la asociación para delinquir, y que más personas pueden ser procesadas por este caso.

Entre los investigados estarán ex jerarcas municipales, como el propio Arana (actual senador) y la ministra María Julia Muñoz, ex secretaria general de la IMM. El futuro del expediente dependerá de lo que decida el tribunal de apelaciones la próxima semana.

"Bengoa ideó, diseñó e implementó una estrategia destinada a favorecer a particulares en daño del Estado" y "participaron de dicha estrategia los señores González, Antúnez, Dalmonte y Ruiz, por lo que en el curso de la instrucción se determinará oportunamente si sus conductas son pasibles o no de ser atrapadas por algún otro tipo legal, además de los mencionados", sostuvo la jueza.