Un empresario del sector en Paraguay criticó el descontrol sobre explotación de slots

El directivo de Bingo Par, Enrique Noguez, dijo que la mayor parte de las máquinas que funcionan en forma ilegal es importada desde el Brasil, ya que desde hace dos años estos aparatos están prohibidos en ese país. Se estima que antes de la prohibición, funcionaban alrededor de 100 mil máquinas en el país vecino.

“No creo que existan más de 4.000, ya que 3.000 máquinas son suficientes para inundar el mercado nacional”, dijo Noguez.

Según el empresario, las empresas que explotan los juegos de azar en forma legal no están en contra de la implementación de minicasinos, pero exigen que se adecuen a las reglamentaciones y paguen los impuestos respectivos.

“No somos amigos del monopolio, queremos que haya libre competencia, que se abran muchas casas de juego, pero dentro del marco de la ley”, indicó Noguez.

Criticó la falta de mecanismos de control del Estado sobre las casas que operan máquinas electrónicas. La Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) se quejó, no tiene presupuesto suficiente y las municipalidades carecen de técnicos para verificar los aparatos.

“La Conajzar presta funcionarios del Ministerio de Hacienda, otro de la Diben (Dirección de Beneficencia y Ayuda Social) y tiene un oficinita”, dijo Noguez. “En proporción al dinero que están recaudando, algo tiene que quedar para hacer los controles”, agregó.

Contó que en todas partes del mundo, el ente regulador controla las máquinas tragamonedas que están conectadas a una central informática, que sirve para verificar el funcionamiento y cobrar el impuesto respectivo.

“Tenemos que buscar la manera de que la Conajzar tenga presupuesto para poder tener inspectores y la tecnología, porque esto se maneja así”, indicó Noguez.

La Ley 1.016/97, “que establece el régimen jurídico para la explotación de juegos de suerte o de azar”, en su artículo 28 dice que lo aportado en concepto de impuesto por las casas de juego debe ser destinado a los sectores de salud, educación escolar y asistencia social.

Los encargados de distribuir e invertir ese dinero son el Tesoro Nacional, la Diben, las municipalidades y las gobernaciones.

Noguez, en tanto, dijo que no está seguro del destino de las recaudaciones. “Si nos ponemos a calcular lo que nosotros pagamos en impuestos en todos estos años, da como resultado muchos millones de dólares”, contó Noguez. “No cuesta nada que las autoridades hagan un informe semestral o anual en el que diga que se asistió a gente carenciada o que las gobernaciones hicieron empedrados”, agregó.

Los propietarios de casinos legales reclamarán a Conajzar, que entregue el listado de los programas en donde se invirtió el dinero de los casinos.

“Estamos trabajando para generar eso y queremos saber a dónde va”, dijo Noguez.