Edición Latinoamérica
02 de Diciembre de 2020

Además de los informes del SERNATUR

Chile: la SCJ informa los resultados de pronunciamiento de Gores y Municipalidades

(Chile).- Los cuatro proyectos de casinos de juego que postulan al Proceso 2008 obtuvieron un total de 450 puntos de un total máximo o legal de dos mil. Emitieron pronunciamientos favorables a la instalación de un casino de juego tanto los gobiernos regionales de Coquimbo, del Maule, de Los Lagos y de Aysén, como las municipalidades de Ovalle, Curicó, Castro y Coyhaique.

C

on los pronunciamientos favorables de la totalidad de los gobiernos regionales y de los concejos municipales, y la evaluación del Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR), obtuvieron los siguientes puntajes parciales los cuatro proyectos de casinos de juego que actualmente postulan a uno de los últimos tres permisos de operación para casinos de juego legalmente disponibles. Cabe recordar que, de los tres cupos disponibles, legalmente la Región de Aysén tiene reservado uno de ellos para el otorgamiento por parte del Consejo Resolutivo en este proceso o en otros futuros.

Los gobiernos regionales de Coquimbo, del Maule, de Los Lagos y de Aysén se pronunciaron favorablemente sobre el mérito de la comuna de emplazamiento propuesta por el inversionista, y respecto del impacto en la Estrategia de Desarrollo Regional de la ubicación propuesta para el proyecto de casino de juego. Conforme a lo señalado en la ley y normativa vigentes, los informes favorables fueron ponderados por la SCJ con 300 puntos.

Por su parte, los concejos municipales de Ovalle, Curicó, Castro y Coyhaique, también se pronunciaron favorablemente sobre el impacto y efectos que cada proyecto de casino de juego pueda provocar en el desarrollo de la comuna, en particular desde las perspectivas social, económica y turística. Los 4 informes favorables fueron ponderados por la SCJ con el máximo de150 puntos.

Finalmente, el SERNATUR emitió informes por cada comuna propuesta, respecto de la calidad de la comuna de emplazamiento propuesta que conforme a la ley vigente puede ser “turísticamente consolidada o de claro potencial turístico” (Ley N°19.995, artículo 23).

Los cuatro informes emitidos por el SERNATUR sobre las comunas de Ovalle, Curicó, Castro y Coyhaique, se basaron en seis criterios definidos por dicho organismo.

Dichos criterios fueron evaluados por el SERNATUR, considerando 18 subcriterios que podían alcanzar calificaciones de “Muy Alto”, “Alto”, “Medio”, “Bajo”, “Muy Bajo” y “No Aplicable”. Como lo indica la ley vigente, los resultados de sus informes podían alcanzar un máximo de 150 puntos, y la SCJ asignó los puntajes conforme a la pauta de evaluación de dicho organismo.

Próximamente serán emitidos los informes del Ministerio del Interior respecto las condiciones de “seguridad y orden público que reúnan el lugar de emplazamiento y su entorno inmediato” (Ley N°19.995, artículo 23). Considerando a los cuatro organismos externos a la SCJ llamados por ley a participar en la etapa de evaluación de proyectos postulantes, cada una de las propuestas de los inversionistas puede obtener a lo más 700 puntos del máximo legal de dos mil.

El restante máximo de 1.300 puntos será adjudicado a los proyectos por la SCJ conforme a los resultados de la aplicación de la Metodología de Evaluación Técnica de Proyectos, la cual es de carácter público desde el 2 de enero pasado (www.scj.cl, “Proceso 2008”). El plazo legal con que cuenta la SCJ para concluir la evaluación de proyectos la concluye el 30 de julio próximo, y sólo los proyectos que alcancen más de 1.200 puntos en total podrán ser analizados por los integrantes del Consejo Resolutivo, único órgano que cuenta con las atribuciones exclusivas de decidir cuáles serán los proyectos ganadores.

El Consejo Resolutivo es presidido por la subsecretaria de Hacienda María Olivia Recart, y está integrado por la subsecretaria de Desarrollo regional Claudia Serrano, el Superintendente de Valores y Seguros Guillermo Larraín, los consejeros y académicos Ernesto Fontaine y Ernesto Livacic, y por cada intendente de la región respecto de la cual el Consejo Resolutivo deba pronunciarse.

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