Los mismos no poseen autorización administrativa, incurriendo en un grave delito que deja como balance expedientes abiertos contra tres asociaciones de minusválidos. Incluso se ha llegado a usar el sorteo de la ONCE para atraer a más clientela.
Desde OID señalan su malestar por una confiscación sin orden judicial, abusando de autoridad y prevaricando. María Puy Fraga, Subdirectora General de Juego y Espectáculos Públicos de la Xunta, ha recordado que una infracción administrativa como esta no necesita de orden judicial.