El ex Intendente de Montevideo declara hoy por las presuntas irregularidades en los casinos de esa ciudad

Juan Carlos Bengoa declaró este lunes ante la Justicia durante siete horas y dijo que sus decisiones estaban en conocimiento de sus superiores, el intendente Mariano Arana, la entonces secretaria de la Intendencia de Montevideo, María Julia Muñoz, y el director Alberto Rosselli.

En cuanto a la cronología de hechos para saber cómo se desencadena todo este proceso hay que remontarse a septiembre de 2005 cuando el edil nacionalista Álvaro Viviano pide la comparecencia en sala del intendente Ricardo Ehrlich por presuntas irregularidades en los casinos, presencia que se concreta en octubre.

En ese entonces Ehrlich reconoce la crisis en los casinos municipales y pide una auditoria interna. Los ediles de la oposición piden una auditoría del Tribunal de Cuentas y el edil Viviano anuncia que elevará el tema a la Justicia.

En diciembre de 2005 comienza la discusión sobre la recesión de Carmitel y se pone en tela de juicio un contrato modificativo suscrito por el ex Intendente Pérez Piera el 1 julio de 2005. En marzo de 2006 el Tribunal de Cuentas sobre el tema Carmitel y Pérez Piera dice que hubo “graves apartamientos a la norma de la contratación pública” e incurren en responsabilidades administrativas. Ese mismo mes, los ediles Viviano y Ferro le piden al jefe comunal investigar pero la Intendencia de Montevideo decreta una investigación administrativa a raíz de comentarios de funcionarios en la Junta y se la encomienda a dos abogados.

En mayo de 2006 llaman a sala Ehrlich citado por Ferro nuevamente. En junio de 2006 ediles colorados presentan una denuncia ante la fiscalía de corte por el proceso de concesión del Carrasco y la denuncia es rechazada por un problema de competencia. En agosto 2006 los curules comunales insisten con la denuncia penal y es rechazada.

En octubre de 2006 concluye la auditoria del Tribunal de Cuentas que en grandes líneas afirma que hubo “ocultamiento de información”, pagos irregulares a funcionarios, y sobre pagos en los arrendamientos de slots, reiterados contratos directos con proveedores por valores superiores a la media.

En diciembre de 2006 los ediles del Partido Nacional piden una comisión investigadora. Se concede por unanimidad y los ediles del Frente Amplio piden sus cierre porque el tema ya estaba a la Justicia.

En febrero de 2007 se conoce por filtraciones de funcionarios que la investigación administrativa podría ser remitida a la Justicia por parte de la Intendencia de Montevideo. En febrero los ediles con estos elementos vuelven a pedir denuncia penal, pero sin firma letrada.

En marzo de 2007 la fiscal Olga Carballo a través de un dictamen fiscal da curso a la denuncia.

En abril de 2007 la Intendencia de Montevideo emite resolución en función de los asesoramientos legales y remite con los antecedentes a la Justicia que coincide con un pedido de esta información del propio juzgado.

En junio de 2007 el Partido Nacional presenta una denuncia penal que comprende lo relativo a Carmitel, los contratos directos de slots, la situación del Hotel Oceanía, los sobrepagos, y responsabiliza a Ehrlich por no actuar en tiempo y forma.

A partir de ahí el tema llega al Parlamento donde no tuvo andamiento una investigadora que se mezcla con el proceso de privatización del Hotel Casino Carrasco.

Este martes ha trascendido a través de distintos medios de comunicación que habría una resolución por parte de la jueza Fanny Canessa que sería comunicado antes del inicio de la feria judicial, o sea antes del 21 de diciembre.

Por otra parte, la Cámara de Diputados analizará este miércoles el proyecto de ley que habilita la privatización del Hotel Casino Carrasco y su sala de juegos. Este martes, integrantes de la Federación Nacional de Trabajadores del Juego y representantes de la intendencia concurrieron a la Comisión de Hacienda para dar a conocer sus opiniones.

Sergio Piteta, representante de los trabajadores del juego, señaló que se está apurando el proceso sin esperar una resolución en el caso que investiga a Bengoa y otros jerarcas.

“Es de público conocimiento de que los principales directores del área, el director de Loterías y Quinielas, Luis Orestes González, el director general de los Casinos del Estado, Juan Carlos Bengoa, están siendo indagados en el Juzgado Penal y en estos días se estaría por resolver. Entonces, no entendemos por qué ahora el apuro en la Cámara de Diputados resolver rápidamente esto prácticamente en los días que también se está resolviendo la otra situación”, expresó Piteta.

Por su parte, el diputado nacionalista Jorge Gandini puso en duda la transparencia del proceso de licitación y denunció la falta de discusión sobre el proyecto.

“Si uno no conoce quién ofertó y la intendencia responde con un pliego y luego alta velocidad para que el Parlamento en un día discuta y apruebe este proyecto; un día. Hoy entró a comisión, mañana se aprueba. No habló un representante de la mayoría en la cámara, no hablan, y se aprueba. Yo tengo que decir en este tema, rodeado de fenómenos y episodios de corrupción desde hace años, avalado por gente que hoy está investigada por la Justicia, ¿yo no tengo la obligación de pedir mayor transparencia?”, cuestionó Gandini.

Desde la intendencia, el prosecretario Jorge Rodríguez pidió aclaración sobre esas acusaciones.

“Eso es una barbaridad. Acusar a la Intendencia de Montevideo de falta de transparencia o querer decir que la licitación está flechada yo no lo he escuchado, me gustaría saber si es una acusación seria. No hay nadie que dude de los procedimientos licitatorios de la Intendencia Municipal de Montevideo, si alguien tiene algo que decir que lo diga con alguna prueba, es un argumento absolutamente infundado”, sentenció Rodríguez.