Edición Latinoamérica
23 de Julio de 2019

Se está trabajando en una ley que permita cerrar las salas

Las alcaldías de El Salvador no indemnizarían a los operadores en caso del cierre de casinos

(El Salvador).- Las alcaldías saldrían “ilesas” de posibles demandas si se aprobara una ley que las faculte para cerrar los casinos y sería el Estado el que debería asumir ese cargo, según algunos abogados y el presidente de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, Ulices Guzmán.

A

demás, opinan que la clausura de los negocios de la suerte debe ser a través de una normativa primaria, es decir, que sea igual para todos los dueños de casinos. Ante la idea de la Fiscalía General de proponer una ley donde las municipalidades regulen y clausuren las casas de juego, los especialistas en Derecho tienen diversas posturas.

Uno de los juristas comparte la posición del Ministerio Público en el sentido de que sea la entidad que otorgó el permiso de instalar un casino, en este caso las alcaldías, la misma que deberá clausurarlo y, a su vez, resarcir los daños por la medida.

Otros especialistas piensan que las comunas se limitarían a cumplir una orden -propuesta por el Gobierno y aprobada por la Asamblea Legislativa- y, por lo tanto, sería el Estado el que debería indemnizar a los dueños de los casinos que se sientan agraviados con la disposición, pues sus inversiones quedarían en el aire.

Incluso, hay algunos abogados que prevén que si el capital de los negocios es extranjero, la situación se pondría más difícil.

Edgar Morales Joya es uno de los que está de acuerdo en cómo la Fiscalía plantea la nueva ley. Morales explicó que, en vista del vacío legal que existe hasta ahora, el cual no determina quien debe regular los casinos, las alcaldías otorgan los permisos que les permite operar legalmente. Y al trasladarles la responsabilidad, deben garantizar la indemnización para los propietarios.

“Tienen todo el derecho de recibir resarcimiento... si fue la alcaldía la que los autorizó es la encargada de indemnizarlos, porque las alcaldías reciben beneficios de estos negocios”, opinó Morales Joya. Incluso, cree que de los mismos tributos que las comunas han recibido, podrían costear el pago de daños.

En la misma línea, el abogado Carlos Alfredo Méndez Flores enfatizó que las municipalidades tienen toda la autonomía para decidir si dan o no las autorizaciones a estas empresas, para funcionar en sus localidades. En lo que no está a favor Méndez Flores es que se cierren los casinos que operan con la venia de las alcaldías.

“No hay razón que los cierren si están en la legalidad... en base al Estado de Derecho hay una autorización emanada de las alcaldías y si es así no le veo problemas (que operen). No debe haber cierres”, argumentó. Aunque no quiso opinar si las comunas deben resarcir a los empresarios.

En cambio, otros especialistas en leyes como Nelson Vaquerano, prevé que el cierre de los casinos acarrearía un problema jurídico y de política exterior para el Estado, porque implicaría litigios millonarios de parte de los dueños de negocios, cuyo capital sea extranjero. Esto, añadió, enviaría un “mal mensaje” a los inversores.

Y planteó que no son las alcaldías la que deben pagar sino el Estado, pues las comunas nada más aplicarían la ley: “Si se les quita su lucro es quitarles un derecho, entonces hay que indemnizarlos... y el Ejecutivo debe proponer cómo hacerlo”, subrayó. Ante eso, Vaquerano opinó que la discusión de la ley que propone la Fiscalía no debe ser apresurada.

A la voz de este abogado se suma la del presidente de la Sala de lo Penal de la CSJ, Ulices Guzmán, quien enfatizó que la atribución de cerrar los casinos no deberá estar en manos de las comunas, porque se prestaría a negocios arbitrarios y discrecionales e inducir a actos de corrupción. “Es un tema que no es local sino nacional, por tanto la competencia debería estar en una autoridad central y esa debe ser el Ministerio de Gobernación”, afirmó el magistrado.

Guzmán también comparte la advertencia que hace Vaquerano en que, de poner fin a las casas de juego, las dificultades no serían para las municipalidades, sino para el Estado. Por tanto, indicó que al estudiar el proyecto, que en las próximas semanas podría ser enviado a la Asamblea, se debe ver la conveniencia para el país. Los juegos de la suerte podrían llegar a su fin si el Gobierno decide enviar una ley al Congreso, para que las alcaldías tengan la facultad de cerrarlos.

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