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19 de Julio de 2019

El Salvador

Exigen una definición de la situación legal de los casinos

(El Salvador).- Diputados a la Asamblea Legislativa pidieron con urgencia a la Fiscalía General de la República (FGR) que defina la situación legal de los casinos. Sin embargo, en la Asamblea Legislativa este tema no será discutido hasta que la Fiscalía de a conocer un informe. Los Legisladores sostienen que en la Ley de Policía está claro que los juegos de azar están prohibidos en el país.

P

ese a que una disposición del mismo Congreso determinó en 2002 que son ilegales los juegos de azar en el país, el Ministerio Público llamó a un fiscal especial para analizar el marco jurídico sobre estos negocios.

La discusión del tema de las salas de juego ha quedado al margen de la agenda nacional hasta que se dé a conocer un informe encomendado al abogado Roberto Oliva.

Este último fue designado el 19 de abril para que realizara un análisis de los distintos cuerpos legales que tienen incidencia en el tema, como la Ley de Policía, el Código Penal y el Código Municipal, entre otros. Sin embargo, a tres meses de su nombramiento aún no ha entregado el informe.

Norman Quijano, diputado de ARENA, aclaró que el tema de los casinos no es discutido actualmente en la Asamblea Legislativa.

El legislador informó que están a la espera del informe que entregará el fiscal especial, pues considera que dependiendo de esa opinión podría ayudarles a salir del impasse en el que se encuentran.

A juicio de Quijano, la única forma de aclarar la situación de los casinos es por medio de la legislación, es por eso que están a la espera de la opinión del fiscal.

Oscar Kattán, del CD, criticó que ha transcurrido demasiado tiempo para estructurar un informe. Hizo la reflexión de que si había sido nombrado un fiscal especial, significaba que todos sus esfuerzos profesionales serían encaminados al caso, pero “el tiempo ha transcurrido y no ha dado el informe”.

Agregó que como fracción CD introdujeron una pieza de correspondencia en la Asamblea Legislativa con el objetivo de que un juez de paz sea la autoridad para conocer el tema de los casinos, ya que, a su juicio, se ha mencionado tanto que no hay autoridad competente.

“Hemos pedido que se conozca la pieza (propuesta), pero lo que nos dijeron era que se debía esperar el informe del fiscal especial. Estamos a la espera de cuando el fiscal decida presentar el informe”, reiteró el legislador.

Sin embargo para Kattán, la Ley de Policía es clara. Sostiene que la Fiscalía es la que tiene que aplicar dicha normativa, misma que prohíbe los juegos de azar.

Esta misma opinión es la del diputado del PCN, José Antonio Almendáriz, que sostiene que la citada ley ya prohíbe ese tipo de juegos.

“En la Asamblea decidimos que no pueden haber casinos, porque en los casinos sólo existen juegos de azar. La ley (de Policía) es clara y lo único que deben hacer los funcionarios es cumplirla”, aseguró Almendáriz.

Al consultar al diputado Almendáriz si procede una sanción en contra de los funcionarios que no aplican la ley, explicó que podrían ser interpelados en la Asamblea y ver si, por ejemplo, el fiscal asignado a los casinos no ha realizado el informe o ya lo pasó a su jefe y este no actúa según lo recomendado.

En 2002 la Asamblea Legislativa hizo un análisis de la Ley de Policía en donde está vigente un apartado que trata acerca de los juegos de azar.

Los diputados dejaron claro, tras una interpretación auténtica del artículo 64 de la mencionada ley, que es responsabilidad de las municipalidades inspeccionar los establecimientos y redactar un informe para enviarlo a la Fiscalía, que deberá proceder al cierre.

En el documento, las autoridades municipales deben de detallar cuántas máquinas y de qué tipo son las que funcionan en los casinos. Mientras que a la Fiscalía se le ordena proceder al cierre de los casinos donde funcionen juegos de azar. No obstante a la interpretación realizada por los diputados, la mencionada ley no se cumple.

Funcionarios consultados, incluso, diputados alegan que existe un “limbo jurídico” en el tema de los casinos, de allí que continúen abiertos en algunos municipios.

La Fiscalía, empero, refuta de que son los concejos quienes tienen que ordenar los cierres de estas salas de juegos donde funcionen máquinas prohibidas por las leyes de la República.

Alcaldes han dicho públicamente que la ley les manda realizar inspecciones, pero no ha decidir si los juegos que están dentro de los establecimientos son prohibidos.

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