Edición Latinoamérica
09 de Julio de 2020

Será destinado a mejorar los ingresos destinados a la salud

Venezuela: la Lotería impulsa una ley que contempla el impuesto especial al juego

(Venezuela).- El Congreso Nacional deberá considerar un nuevo proyecto de ley que contempla el “impuesto especial al juego” destinado a mejorar los ingresos económicos destinados fundamentalmente a la salud, según el proyecto de ley Juegos de Azar, Sorteos y Apuestas.

A

demás, pretende terminar con la ilegalidad, perjuicios económicos al Estado y mejorar los ingresos para el Tesoro General de la Nación (TGN). En ese contexto, las empresas de este sector deben pagar impuestos en función de todos los ingresos procedentes de la venta de fichas, cartones, billetes, descontados de los premios

La presidenta Ejecutiva de Lotería Nacional de Beneficencia y Salubridad, Laura Encinas, puso a consideración de la Cámara de Diputados dicho proyecto de ley que permitirá regular estos juegos y garantizar ingresos económicos para atender las políticas de salud.

Encinas explicó que con este proyecto se superarán los vacíos legales para administrar los juegos. El objetivo del proyecto es dar al Estado la administración de los juegos, fortalecer a Lotería Nacional y la creación del impuesto.

Contiene los principios de la legalidad, la transparencia, celeridad en los trámites, gratuidad en concesión de licencias.

Además se encomienda a Lotería Nacional adoptar medidas contra la exclusividad, monopolio y oligopolio. Fiscalizar el cumplimiento de las normativa, además impedir la proliferación y vigencia de los juegos de azar, sorteos o apuestas clandestinas.

Con la vigencia de esta ley, se suspenderá por seis meses en todo el país, la otorgación de licencias para la instalación y funcionamiento de máquinas electrónicas de juegos automatizados de distracción para adultos y sus variantes, con excepción de las que cuenten con autorización expresa.

Las actuales empresas concesionarias o licencias de Lotería Nacional tiene la obligación de adecuar sus contratos, a los establecido en la futura ley en un lapso de 60 días.

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