Edición Latinoamérica
13 de Julio de 2020

Aunque carezcan de amparo legal

Las apuestas online son el juego que más crece en España

(España).- El sector que más rápidamente crece en España son los juegos online, sin embargo no existe una ley que los regule. Las apuestas por Internet mueven más de 500 millones de euros al año, de lo cual el Estado no percibe nada. En 2006, los españoles apostaron 413 millones de euros y las proyecciones para cuando finalice 2007 apuntan a casi 600.

P

ero lo más importante no son las cifras absolutas, sino la velocidad a la que crecen. La del 2006 supone un aumento del 65% respecto al 2005. Y para 2007 se prevé un 40% de alza.

Estas cifras fueron proporcionadas por AEDAPI, la asociación que defiende los intereses de las empresas que ofertan apuestas por Internet, todas situadas fuera de España, buena parte en “paraísos fiscales”.

Las empresas de juego tradicional están preocupadas. Los más beligerantes son los empresarios de máquinas recreativas, agrupados en FEMARA, que han denunciado la situación ante el Defensor del Pueblo, la Fiscalía General del Estado, el Ministerio del Interior, Loterías y Apuestas del Estado, las Comunidades Autónomas y los Grupos Parlamentarios. Todo, hasta el momento, sin fruto.

Ellos, sujetos a una prolija reglamentación, se sienten discriminados y perjudicados económicamente. ·El dinero destinado a juegos de los usuarios es limitado. Si se lo gastan en apuestas, no lo hacen en juegos legales”, argumenta Miguel Ángel García Campos, secretario general de FEMARA.

“Los Ministerios nos envían de un organismo a otro, nos dicen que no son competentes, que lo son las Comunidades Autónomas. Son excusas”, agrega. Y explica que “mientras a los empresarios del juego legal, sujeto a 30 autorizaciones administrativas, se les sanciona si una máquina tiene un cartel con dos centímetros más alto de lo reglamentado, a estos ilegales no se les hace nada”.

“Colocar una máquina en un bar supone a la Comunidad Autónoma 3.600 euros al año. En conjunto, las máquinas recreativas pagan casi 1.000 de euros al año, y éstos no pagan nada”, subraya García Campos.

Su esperanza es que a la batalla se sume el propio Ministerio de Hacienda a través de la entidad estatal Loterías y Apuestas del Estado: “Ahora que el Estado sufre directamente la competencia tendrán que espabilarse”. Pero Loterías cree que, de momento, las apuestas por Internet le hacen poco daño, aunque la amenaza futura es importante por la generalización en el uso de Internet, según su asesor jurídico, Juan Gallardo. Tampoco está de acuerdo en esa acusación de pasividad.

Ellos han elaborado un informe que han remitido a la Dirección General de Aduanas para que estudie sanciones administrativas y, en su momento, lo pase a la Fiscalía, para que inicie un procedimiento penal, por delito de contrabando.

Es, sin embargo, un asunto difícil, dice Gallardo, porque “se trata de empresas que no tienen la sede social en España. Si lo tuvieran, se actuaría sobre ellas y se acabó el problema. Pero si están en Austria o en Malta o en las Islas Caimán no es tan fácil”, explicó.

FEMARA no está de acuerdo. Se trata sencillamente de aplicar la normativa actual. “La Fiscalía tiene emitida una circular sobre cómo tienen que actuar los fiscales sobre los juegos y apuestas ilegales. Pues que la apliquen”, dice García Campos.

Hay acuerdo en que el instrumento legal, a falta de una regulación específica en torno a las apuestas por Internet, es la Ley de Represión del Contrabando, que prohíbe la comercialización e importación de juegos no autorizados.

AEDAPI alega que ellos cumplen la legislación de la Unión Europea sobre el juego y solicitan al Gobierno que regule su actividad.

FEMARA no admite el argumento: “El juego y las apuestas no son competencia de la Unión Europea. Los Estados pueden establecer restricciones para tutelar derechos importantes: de los menores, de los usuarios, de la Hacienda Pública”.

Para Loterías y para los juegos privados, las apuestas en Internet conllevan el riesgo de que participen menores, pese a que haya que usar tarjeta de crédito, por ejemplo.

Además, García Campos subraya que “un señor inscrito en un registro de prohibidos no puede entrar en un casino pero sí jugar 6.000 euros diarios a través de Internet. No tiene sentido”.

En cuanto a la regulación de la actividad de estas empresas, Loterías y Apuestas lo tiene claro: “No hay intención alguna de abrir el mercado, ni aquí ni en otros países de la Unión Europea”.

Para FEMARA, la regulación idónea es la de Estados Unidos: prohibirla. “En Estados Unidos están prohibidas las apuestas por Internet. Creo que lo hacen prohibiendo a los bancos consentir cargos en cuentas para estas actividades”.

El problema de cómo actuar contra las apuestas por Internet es general. Según el asesor jurídico de Loterías, las apuestas por Internet están prohibidas en la mayoría de los países europeos. Algunos, como Francia, llegaron a poner a la cúpula de una de estas empresas a disposición judicial.

Francia, precisamente, sugiere a FEMARA otra posibilidad de actuación: “Se podría ensombrecer esta actividad, como hacen en Francia con los productos farmacéuticos, prohibidos por Internet”.

Mientras este pleito se resuelve, las apuestas online se mantienen como uno de los negocios más jugosos y una competencia feroz para las empresas tradicionales. Tiene menos costes y, sobre todo, no pagan impuestos, excepto en el país en que la empresa tenga su sede.

Eso les permite destinar a premios en torno al 90% de lo apostado. Salen ganando el apostante y la empresa que lo organiza; sale perdiendo la competencia y el Estado, que no recauda nada.

El Estado devuelve como premios, en sus propios juegos (Lotería Nacional, Euromillones, Bono Loto, Primitiva, Quiniela), poco más de 63 euros por cada 100 jugados y la ONCE no llega a los 50.

Algo mejor es la relación en el caso de los juegos privados legalmente establecidos. Los bingos destinan a premios un poco más del 65% de lo apostado, las máquinas recreativas el 75% y los casinos algo más aún, según el Informe Anual del Juego, que publica el Ministerio del Interior.

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