Edición Latinoamérica
15 de Agosto de 2020

Es comercializado por la empresa brasileña Pasqual S.A.

Costa Rica: demandan a la Junta de Protección Social por autorizar el sorteo 21 de la Suerte

(Costa Rica).- Desde su salida al mercado, el sorteo "21 de la Suerte" ha estado rodeado por la polémica. La Cruz Roja Costarricense, quien realiza el Tico Bingo, demandó a la Junta de Protección Social (JPS), a la Empresa Brasileña Comercializadora Pasqual S.A. y a Hogares Crea, por autorizar ese juego en el país.

E

l presidente de la Cruz Roja, Miguel Carmona, dijo que el 21 de la Suerte fue autorizado por la JPS como si se tratara de una rifa, cuando basta con verlo por televisión para darse cuenta de que se trata de un bingo.

Carmona comentó que el nuevo sorteo afectó sobremanera las ventas del Tico Bingo, pues es evidente la diferencia entre ambos, mientras el juego en cuestión se realiza semanalmente, la Cruz Roja realiza solo cuatro Tico Bingo en el transcurso del año.

El jerarca de la benemérita institución señaló que los casi $8 (U$S 0,016) del costo del billete del nuevo juego generan recursos para otras latitudes, por tanto no contribuye con fines sociales, como ocurre con el Tico Bingo.

Carmona indicó que semanas atrás le envío una carta de seis páginas al presidente de la Junta Directiva de la JPS, Sergio Ramírez, para que la entidad se retracte del permiso otorgado a Hogares Crea y la empresa brasileña.

Entre los puntos expresados en el documento figuró el hecho de que se le exija a los creadores del 21 de la Suerte que parte de las ganancias puedan ser utilizadas en el país para obras de bien social.

El presidente de la Cruz Roja comentó que las ganancias netas del Tico Bingo llegan a los ¢80 millones (U$S 16.001) por cada sorteo, pero ese monto varió después de la aparición de la rifa en el mercado costarricense.

Por ello, Miguel Carmona insistió en que la JPS debe hacer una reflexión por otorgar un permiso que no correspondía, ya que los responsables del 21 de la Suerte adujeron que se trataba de un sorteo, cuando todo apunta a un bingo semanal.

Las circunstancias hacen del próximo sorteo de Tico Bingo un desafío para la Cruz Roja Costarricense. A la venta se encuentran cerca de 800 mil cartones, los cuales deben suplir los gastos de la promoción y generar recursos para que la entidad supla sus necesidades.

Carmona afirmó que la situación está en manos del personal jurídico de la entidad, pero que espera tener una respuesta efectiva de la junta en relación con el tema, ya que desde hace casi dos meses no se ven avances importantes.

Pese a que desde noviembre del año pasado salió en evidencia el disgusto y una serie de cuestionamientos de algunos miembros de la junta directiva de la JPS contra el gerente general Luis Polinaris Vargas, por haber dado el permiso al juego, todavía ese órgano colegiado no ha podido investigar si el funcionario se extralimitó en sus funciones.

A criterio de algunos miembros de la Junta Directiva, el juego es promovido por Hogares Crea, pero está en manos de una empresa brasileña, atenta y lesiona los ingresos que debe percibir la JPS, esto por cuanto se convierte en una competencia directa para la entidad de beneficencia social.

Consultado al respecto, Sergio Ramírez Acuña reconoció que, debido a una serie de problemas presentados, aún no se ha podido realizar la indagación respectiva.

El permiso girado por la JPS a Hogares Crea en agosto pasado indica que se autoriza a esa instancia realizar rifas, de acuerdo con lo establecido por la Ley de Rifas y Loterías, pero tiene formato (según la Cruz Roja) de bingo, situación que afecta y pone en desventaja a la benemérita.

Para la definición de potestades de cada una las instancias de autorización en la JPS, en meses anteriores la directiva elaboró y aprobó un nuevo reglamento en el que se indican las labores y competencias de cada órgano y, entre otros, le eliminó al Gerente General la potestad de dar permisos o autorizar juegos, al tiempo que sostiene que es un cargo de confianza, al igual que el del subgerente.

Polinaris interpuso un recurso de amparo contra dicho reglamento, por lo que ambas partes están a la espera de la resolución al respecto de la Sala Constitucional.

Ramírez apuntó que la Junta Directiva anda en la búsqueda de un profesional en derecho administrativo con experiencia y formación académica en ese campo.

“Hoy (ayer) se aprueba el cartel de contratación y esperamos para después de Semana Santa hacer la adjudicación. Lo que pasó es que las ofertas presentadas no cumplían con las expectativas en materia de experiencia y los interesados no reunieron el perfil para el campo que se ocupa, al tiempo que muchos de los oferentes apelaron, lo que contribuyó al atraso en el proceso”, señaló Ramírez, quien señaló que lograr la contratación en el corto plazo (entre 15 y 22 días), al tiempo que considera que el abogado debería presentar el informe del análisis respectivo entre dos y tres semanas después.

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