Durante un encuentro con los diputados de la comisión de seguridad, el representante de los operadores, Rodrigo Aguilar, pidió mantener el decreto como estaba antes de las observaciones para resolver los problemas.
La Asamblea Legislativa aprobó un decreto transitorio de seis meses en que se prohíbe el decomiso de las máquinas, pero el mismo fue observado por el mandatario, quien sostiene que esas máquinas son ilegales y deben ser decomisadas.
Aguilar sostuvo que ellos no pretenden violentar las leyes y que en ese marco proponen que las máquinas decomisadas sean donadas a instituciones educativas para que los motores sean utilizados por los jóvenes para proyectos de aprendizaje.
Los empresarios aprovecharon la oportunidad para denunciar el decomiso de las máquinas y los abusos cometidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PCN) durante los operativos.
El diputado Ernesto Angulo, de ARENA, les aclaró que la reunión era para analizar las observaciones del presidente y otro tipo de denuncia, que debe ser presentada ante la Fiscalía. Desde que iniciaron los operativos se han decomisado 2.500 máquinas tragamonedas.