Uruguay: las explicaciones sobre casinos no conformaron a la oposición

Este martes, los directores municipales presentaron el informe de la auditoria interna (que no es lo mismo que la investigación administrativa sobre irregularidades que estará pronto en marzo), lo cual no dio tiempo a los ediles blancos y colorados (y tampoco a los oficialistas) de estudiarlo para hacer sus descargos en sala.

El informe refiere a la gestión y no en sí a las irregularidades o vínculos familiares entre empresas arrendatarias de slots, lo cual incorpora la investigación administrativa que, en parte, ya se ha conocido a través del semanario Brecha.

La auditoria aporta de todos modos elementos que pueden apuntar a una mala administración de los casinos municipales.

Se señala, por ejemplo, que desde el año 2003, momento en que Bengoa ocupaba la dirección de casinos de la Intendencia de Montevideo, se produjo un aumento en el costo de mantenimiento de los slots, al tiempo que el déficit de las salas de juego del municipio entre 2000 y 2005 (durante la administración del ex intendente y actual ministro de Turismo Mariano Arana) fue de 285 millones de pesos (U$S 12.305.790).

También, se indica que la Intendencia hizo mantenimiento a miles de máquinas inexistentes y que, por ejemplo, entre 2000 y 2002 el costo de manutención de los slots se duplicó, cuando la recaudación bruta bajó levemente.

Además, el informe explica que entre 2000 y 2005, período en el que la recaudación bruta se duplicó, el costo de mantenimiento de estas máquinas aumentó en aproximadamente ocho veces.

Desde el Partido Nacional, el edil Fernando Ripoll anunció que solicitará a la Intendencia que rescinda el contrato a la empresa Sabid S.A., encargada del mantenimiento de las máquinas, y también reclamará que el dinero abonado por mantenimiento de los slots “inexistentes” sea devuelto a las arcas municipales.

Sin embargo, el pedido de rescisión del contrato con la empresa Sabid S.A. no es compartido por todos los blancos, de acuerdo a lo que dijo el edil nacionalista Álvaro Viviano, que fue quien convocó la sesión de anoche en la Junta Departamental.

Desde el Partido Colorado, la edila quincista Glenda Rondán, quien también fue miembro convocante, dijo que las cifras revelan una mala administración de los casinos municipales.

Sin embargo, recordó que los ediles siguen esperando los documentos sobre la investigación administrativa, que según dijo le siguen siendo vedados a la Junta por la Intendencia Municipal de Montevideo.

“Hay que esperar qué resuelve el intendente (Ricardo Ehrlich) de la investigación administrativa, si efectivamente, como dijo el secretario general, va a mandar eso a la Justicia. Por otro lado, aparece el ministro (Danilo) Astori reclamando garantías, diciendo que no las hay, en una administración que es de su propio gobierno. Por otro lado, la comisión investigadora de la Junta está esperando que esos documentos, que tendrían que estar en su poder, lleguen para que pueda expedirse. Pero esos documentos son dichos de prensa a los que yo no he tenido acceso, y tampoco ha tenido acceso ningún edil”, indicó Rondán.

Documentos que hablan de vinculaciones comerciales y familiares del actual titular de la Dirección Nacional de Casinos y de dos de sus asesores (González Braida y Antúnez de Oliveira), con empresas que prestaban servicios a la Intendencia, en algunos casos mediante adjudicación directa sin pasar por la licitación.

El prosecretario de la Intendencia, Jorge Rodríguez, dijo que no tenía problema que se hiciera un cuarto intermedio para que los ediles pudieran leer el informe que la auditoría interna presentó “a última hora”.

De hecho, ese cuarto intermedio se hizo, casi sobre la medianoche, en una sesión que duró hasta pasadas las cinco de la mañana, aunque los ediles no podían leer un informe que tiene varias páginas y muchos números y detalles.

En cuanto a la investigación administrativa, Rodríguez dijo que en unos 15 días el intendente Ehrlich estará en condiciones de resolver si la envía a la Justicia.

“La investigación administrativa está siguiendo su curso, se están realizando las notificaciones a las personas que estuvieron involucradas y, de alguna manera, se está dando la vista, que requiere unos 10 días hábiles. Calculamos que a mediados de marzo podremos tener los descargos que se hayan realizado y los informes jurídicos de forma tal que el intendente tenga la posibilidad de resolver sobre este punto”, explicó Rodríguez.