Rodríguez señaló que “muchas fórmulas de juego ilegal, principalmente algunas ventas de cupones, como las de la OID y bingos creados por asociaciones de vecinos, sólo sufren pequeñas sanciones administrativas cuando no dejan de ser falsificaciones que requerirían castigos más severos”.
El sindicalista agregó: “En ocasiones, esos promotores de juegos ilegales recurren a trabajadores discapacitados como reclamo para su negocio, lo que debería ser tratado por la vía de lo penal pues no deja de ser una manipulación de personas necesitadas”. Rodríguez aseguró que el nivel nacional de fraude en el juego es uno de los más elevados de la UE.
Por su parte, la responsable regional de Juego de UGT, María del Valle, se refirió al borrador del anteproyecto de la nueva Ley del Juego de Cantabria y se mostró crítica con las limitaciones a la promoción publicitaria de los bingos.