La ONCE ha sido autorizada por el Estado a explotar una lotería instantánea que, según la Generalitat, supondrá sin duda una disminución de la recaudación que la Administración catalana obtiene actualmente en Cataluña por su “loto ràpid”.
En enero, el Govern ya formuló un requerimiento de incompetencia ante el Gobierno central contra el nuevo juego, pero fue rechazado. Ahora, la Generalitat ha decidido recurrir ante el TC, defendiendo que el actual estatuto ya prevé que asuma la competencia exclusiva en casinos, juegos y apuestas (excepto las deportivo-benéficas).
En 1999, la Generalitat ya planteó, de manera similar, un conflicto de competencias al gobierno por una lotería instantánea que, finalmente, el Estado no llegó a poner en marcha.