Edición Latinoamérica
08 de Agosto de 2020

La medida es de cumplimiento obligatorio

Declaran constitucional el impuesto a los casinos y máquinas tragamonedas en Perú

(Perú).-El Tribunal Constitucional emitió una sentencia vinculante que obliga a los jueces de todas las esferas a desestimar los recursos de amparo presentados por empresarios de casinos, destinados a evitar el pago de un impuesto vigente desde el 2001. El Sunat estima que la deuda tributaria de casinos y tragamonedas llegaría a 13 millones de dólares.

E

l Tribunal Constitucional emitió una sentencia de carácter vinculante, es decir, de cumplimiento obligatorio por parte de los magistrados de todas las cortes superiores del país, que declara la constitucionalidad del impuesto que deben pagar los casinos y tragamonedas que operan en el país.

Según fuentes de la Sunat, es la segunda vez que el Tribunal Constitucional se pronuncia sobre el impuesto a los juegos de casinos y máquinas tragamonedas. Ya en el 2001 resolvió que la tasa y base imponible de este impuesto debía modificarse mediante una ley aprobada por el Congreso, lo que dio lugar a la Ley 2.7796, que ha sido objeto de acciones de amparo al ser considerada confiscatoria y de aplicación retroactiva. Con estos argumentos, casinos y tragamonedas lograban la suspensión de los embargos por deudas tributarias y podían seguir operando sin ser fiscalizadas por la Sunat.

Con la sentencia, el Tribunal Constitucional reitera que la base imponible no puede ser objetada y que no se afecta el principio de retroactividad, porque al haber gozado de una actividad o efectuado un servicio se tiene que pagar el impuesto, y porque se está utilizando una ley más beneficiosa para las empresas, con una tasa impositiva que pasó de 20% a 12%.

La Sunat estima que la deuda de los contribuyentes con acciones de amparo llegaría a 43 millones de soles (13 millones de dólares) y asegura que, tras la sentencia, podrá seguir con sus acciones de fiscalización y cobranza. Del mismo modo, los jueces tendrán desde ahora que desestimar los pedidos de acciones de amparo o medidas cautelares contra este impuesto. De lo contrario, podrían ser denunciados por prevaricato.

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