Edición Latinoamérica
21 de Julio de 2019

Quedó vigente la legislación

Puerto Rico habilita las slots en las agencias hípicas y las prohíbe en el hipódromo

(Puerto Rico).- Finalmente, la Legislatura de Puerto Rico no aprobó, al cierre de su sesión ordinaria la legislación que buscaba alterar la autorización para la operación de máquinas de videojuego (tragamonedas) que contiene la "nueva" Ley Hípica.

L

os intentos de última hora para aprobar un informe de conferencia con un proyecto enmendado que prohibía la operación de estas máquinas en las agencias hípicas y las autorizaba en los predios del hipódromo, fracasaron cuando el presidente de la Comisión de Reglas y Calendario del Senado, Jorge de Castro Font, rehusó llevarlo a votación la última noche de la sesión. Quedó vigente, por tanto, la disposición de la ley que autoriza la instalación y operación de estos equipos en las agencias hípicas y las prohíbe en el Hipódromo El Comandante.

Su introducción y eventual operación estarán sujetas, sin embargo, a que el gobernador Aníbal Acevedo Vilá firme y oficialice el reglamento que para esos fines aprobó la Junta Hípica. Dicho reglamento autoriza la instalación y operación de hasta 2.500 máquinas distribuidas en las agencias por toda la Isla. Fue esta autorización la que provocó la campaña en contra de estos equipos, y que llevó a dos representantes a la Cámara a radicar enmiendas a la Ley Hípica para prohibirlos.

El proyecto llegó al Senado, donde el senador Carlos Díaz celebró vistas públicas y ejecutivas, tras lo cual radicó un informe en el que incluyó enmiendas a la legislación. Esas enmiendas sacaban las máquinas de las agencias y las autorizaban en El Comandante, limitando esta vez su número a 250 e imponiendo el requisito de que para instalarlas y operarlas en el hipódromo había que cumplir con la Ley de Casinos de Puerto Rico.

El proyecto así enmendado fue aceptado por Del Valle, pero los miembros del comité de conferencia de la Cámara no firmaron el informe. El mismo día final de la sesión, Díaz denunció el cambio de posición de Del Valle y lo acusó públicamente de ser el responsable de que prevaleciera la autorización para colocar máquinas en las agencias. Ese mismo día, Del Valle reaccionó y luego de una caldeada reunión, en la que participó también el procurador del Ciudadano, Carlos López, se logró un nuevo acuerdo para aprobar el proyecto del Senado.

El informe de conferencia con el acuerdo nunca fue votado en ninguna de las cámaras, por lo que la atención de todos los sectores involucrados en esta controversia está ahora fija en la determinación del Gobernador.

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