Edición Latinoamérica
18 de Agosto de 2019

Ante los acuerdos de la Caja Popular de Ahorros

Críticas y apoyos por la gestión del juego en Tucumán

(Argentina).- El interventor de la Caja Popular de Ahorros, Juan Carlos Veiga, dio el miércoles explicaciones a la Legislatura provincial por la renovación del convenio con el Jockey Club por la concesión del hipódromo local, y el permiso de explotación a la empresa Casino Club de 1.000 máquinas tragamonedas en esa ciudad.

L

a presentación del interventor de la Caja Popular de Ahorros de Tucumán, Juan Carlos Veiga, en la Legislatura provincial, no apaciguó las críticas contra el convenio que habilita al Jockey Club a que instale mil máquinas tragamonedas en el hipódromo local.

Parlamentarios oficialistas y opositores expusieron sus objeciones a la posibilidad de que se instale un centro de entretenimiento. Esto está previsto en el convenio por el cual se prorroga por 20 años el contrato de explotación del hipódromo en favor del Jockey Club; y las slots correrían por cuenta de la empresa Casino Club, quien hoy opera estas máquinas en el Hipódromo de Palermo, de Buenos Aires.

Los legisladores se quejaron además por la falta de información de parte de Veiga, quien ayer concurrió a la reunión sin copia del convenio. Se comprometió a enviarlo en los próximos días, y según el interventor, el acuerdo no incluye el centro de convenciones que, a cambio de la explotación de las maquinas, Casino Club construiría frente al Hipódromo.

Veiga aclaró que el anterior acuerdo con el Jockey Club (fue por 10 años y vence el 11 de enero de 2005) generó un déficit de siete millones de pesos (2,3 millones de dólares) y, precisamente con el nuevo contrato esto se revertiría, ya que con la inclusión de las tragamonedas, la entidad crediticia oficial recibiría $ 4,8 millones por año en concepto de canon.

La inversión de la empresa Casino Club será de 25 millones de pesos (8.300.000 dólares aproximadamente) y los cambios dentro del hipódromo (entre los que se cuentan la inclusión de un local para juegos de azar, bares, restaurante y sala de espectáculos) demandarán $12 millones; el resto se destinará para el centro de convenciones -para 1.000 personas como mínimo- y para una escuela pública.

Algunos legisladores, entre los que se contaron Alejandro Sangenis, José Costanzo, Rodolfo Ocaranza y Víctor Lossi, objetaron algunas afirmaciones de Veiga.

Mientras el funcionario estaba en la presidencia de la Cámara, un centenar de empleados del Jockey Club se instaló en la Legislatura para respaldar la prórroga del contrato. Al salir, lo vitorearon, mientras Veiga levantaba el pulgar de la mano derecha. Veiga salió conforme de la reunión. “El contrato está siendo analizado por los distintos estamentos de la Caja. Aún no fue firmado porque faltan algunos trámites. La oferta es del Jockey Club, con una unión de empresas con Casino Club. No hay un canon fijo, sino que puede reajustarse en el tiempo”, aseveró. El funcionario se pronunció a favor de que todo lo vinculado con el juego sea objeto de una ley. “Hay que ordenarlo y fijarlo claramente. Me parece saludable que así sea”, concluyó el interventor.

Por su parte, el secretario general del Sindicato de Empleados y Obreros del Jockey Club, Héctor González, indicó que detrás de las oposiciones hay intereses creados y que lo único que se logrará es perjudicar a la provincia si no prospera el proyecto. "Este emprendimiento permitirá que 600 familias mantengan su fuente de empleo y asegurará el protagonismo de Tucumán en el Noroeste Argentino", afirmó. El gremialista dijo que "quedó demostrado que los legisladores Sangenis y Costanzo se oponen porque tienen intereses creados, ya que admitieron que ellos tienen dos empresas interesadas en invertir, por eso buscan el llamado a licitación".

Si bien nada se oficializó aún pues el convenio con la empresa Casino Club no está refrendado, la polémica se ha extendido al haber anunciado el Poder Ejecutivo que utilizará terrenos del Parque 9 de Julio para el necesario Centro de Convenciones que los empresarios del turismo están reclamando desde hace muchos años.

Sobre este tema, ha surgido ne las últimas horas otra controversia en el ámbito de la Legislatura, porque existe una escritura pública, del 15 de febrero de 1988, ante el escribano Gonzalo Padilla y firmado por el ex gobernador José Domato y del intendente de aquel tiempo, Raúl Martínez Aráoz que uno de sus artículos establecía que el gobierno provincial deberá abstenerse de otorgar otras cesiones de tierra en los terrenos del ex Aeropuerto Benjamín Matienzo, “salvo los ya destinados a la estación terminal de ómnibus y las fracciones cedidas, conforme a disposiciones legales en vigencia”.

En relación al tema, y siguiendo con su campaña contra la industria del juego, la Iglesia Católica se pronunció con fuerza contra la posibilidad de que se instalen más máquinas tragamonedas en esta capital.

“Estos sitios suelen crear un entorno que empuja a la corrupción, al vicio y a otras gravísimas faltas morales, como la usura, la prostitución y la drogadicción”, advirtió el arzobispo de Tucumán, monseñor Luis Héctor Villalba, y remarcó que, en la medida en que haya más juegos de azar, crecerá el temor por la posible agudización de los males morales que ellos entrañan.

“El Catecismo de nuestra Iglesia, al explicarnos el séptimo mandamiento (‘no robarás'), nos enseña que aquellos son inaceptables cuando privan a las personas de lo necesario para que atiendan sus necesidades o las de los demás, y que la pasión por el juego encierra el peligro de volverse una grave servidumbre”, afirmó.

A la Iglesia le preocupa cuando el juego supera el límite de un entretenimiento familiar o que se practica entre amigos, para convertirse en un mal para la sociedad. “Más aún cuando aquel es organizado, promovido y explotado económicamente por particulares”, agregó Villalba.

Por último, el arzobispo fustigó a quienes justifican el juego por los supuestos beneficios que genera. “Afirman que el dinero que se recauda se invertirá en obras de bien, pero un axioma secular nos advierte que el fin no justifica los medios”, dijo.

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