Edición Latinoamérica
22 de Agosto de 2019

En la provincia de Entre Ríos, Argentina

Avanzarán en la convocatoria para la concesión del casino de Victoria

(Argentina).- Estiman que en tres meses, la esperada sala de juego estaría en funcionamiento, y en el mes de julio se inaugurará el hotel construido por la empresa Sol de Victoria, que albergará al casino.

E

sta semana, el gobierno de la provincia de Entre Ríos avanzará en la idea de delegar en terceros la explotación y el control del juego en el casino de Victoria, por lo que podría conocerse el decreto con la convocatoria a los interesados en esta actividad.

Vinculado directamente con la posibilidad de tercerizar el juego en el casino de Victoria sin salir de los márgenes que establece la Ley Nº 5.144 de creación del Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (IAFAS), aparece la iniciativa del Poder Ejecutivo de concesionar la actividad.

Esta iniciativa se vincula con lo que la norma señala en su artículo 11, inciso “J”, sobre la posibilidad del IAFAS de “celebrar contrataciones y en general realizar todo acto u operación requerido para la debida observancia y cumplimiento de los objetivos y finalidades de esta ley y de la reglamentación que en su consecuencia se dicte”.

Desde el gobierno se considera que la figura de la concesión es la que encuadra legalmente, ya que los contratos que realiza el Estado “están regidos predominantemente por el derecho público y con un régimen jurídico único, sometidos a reglas especiales, pero los hay también regidos en parte por el derecho privado”. En este sentido se indica que están “más próximos al derecho civil, y por ende más lejanos del derecho administrativo”, los contratos de cesión, permuta, donación y locación, entre otros; mientras que están más cerca del derecho administrativo los contratos de empleo o función pública, empréstito, concesión de servicios públicos y concesión de obras públicas, entre otros.

De acuerdo a lo que señala un dictamen elaborado en la Secretaría Legal y Técnica del Ministerio de Gobierno, Justicia, Educación y Obras Públicas -que encabeza Juan José Canosa-, “en los contratos administrativos desaparece el principio de igualdad entre las partes, que es uno de los elementos básicos de los contratos civiles. La Administración, en este caso el IAFAS junto al Poder Ejecutivo, aparece en una situación de superioridad jurídica respecto del contratista”. En el mismo sentido, señala que cuando una de las partes contratante es la Administración (pública) se imponen ciertas prerrogativas y condiciones que subordinan jurídicamente al contratista.

En este contexto el principio de inalterabilidad de los contratos no puede ser mantenido, sino que cede ante el “Ius Variandi" que tiene la administración al introducir modificaciones en ellos, y que son obligatorias para el contratista, dentro de los límites de la “razonabilidad”.

De acuerdo a esta línea argumental, esto se observa en la competencia que tiene la Administración para adaptar el contrato a las necesidades públicas, pudiendo variar las obligaciones del contratista; ejecutar el contrato por si o por un tercero “ya sea en forma directa, unilateral o por cuenta de éste”; o dejar el contrato sin efecto unilateralmente en caso de incumplimiento, cuando las necesidades públicas lo exijan.

Esta subordinación del contratista respecto de la Administración Pública tiene su origen en la desigualdad de propósitos perseguidos por las partes, ya que al fin económico del privado se opone el fin público o “necesidad pública colectiva” que puede afectar su ejecución, como es el apoyo financiero a los planes de asistencia social en el caso del IAFAS.

Esta postura toma en cuenta un fallo del Superior Tribunal de Justicia (STJ) ante una acción de inconstitucionalidad impulsada por el abogado Jorge Campos cuando se desempeñaba, en 1984, y un dictamen del ex fiscal de Estado Raúl Barrandeguy.

El abogado Jorge Campos presentó, cuando era fiscal de Estado de Sergio Montiel en 1984, una acción de inconstitucionalidad contra la ordenanza municipal de Concordia Nº 21.526 que había sido sancionada con la intención de autorizar a la comuna a explotar juegos de azar. El tribunal ratificó que el IAFAS tiene a su cargo la explotación y administración de los juegos y que el Poder de policía le corresponde sin posibilidad de delegarlo. Se entiende entonces que mientras el IAFAS conserve el Poder de policía puede derivar el terceros la explotación comercial del juego.

También se basa el dictamen en cuestión en el dictamen elaborado en 1988 por el entonces fiscal de Estado Raúl Barrandeguy, donde señaló que el IAFAS tiene “a su único y exclusivo cargo la explotación y administración” de los juegos de azar aunque “del examen atento y minucioso” de las disposiciones legales “fácilmente debe concluirse” que esa exclusividad se encuentra “acotada por los fines de acción social” y que, para atender a esas finalidades, “no existen impedimentos para que la provincia contrate con un particular la instalación de un casino”. Sostiene Barrandeguy que igualmente el IAFAS “podría explotar para la atención de sus fines, cualquier casa de juegos en sociedad con un particular, sin violentar ningún texto legal atento a que ello no comportaría desprenderse ni de la explotación de la administración, las que además también admiten formas indirectas de ejecución”. Se trataría de“un caso típico de intervención estatal directa, encarada bajo un modo de gestión pública indirecta, posibilidad que de ninguna manera resulta vedada la Ley Nº 5144”.

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