El gobierno del presidente Luiz Inacio Lula da Silva sufrió una derrota legislativa, cuando el Senado rechazó anoche, por solo un voto de diferencia, una disposición oficial para cerrar las casas de bingo en todo el país.
La medida fue rechazada por 32 votos contra 31, en el plenario del Senado. Tras esta votación, técnicamente los bingos del país podrían reabrir sus puertas de inmediato.
La decisión legislativa fue saludada con un estallido de fuegos artificiales por parte de trabajadores de los bingos que estaban afuera del Congreso. "No fue posible que hubiera un acuerdo con la oposición" para lograr aprobar la medida, se lamentó ante periodistas la senadora Ideli Salvatti, del Partido de los Trabajadores (PT), oficialista.
El gobierno tiene la alternativa de presentar una nueva propuesta, pero ya no podrá prohibir el funcionamiento de los bingos a través de una Medida Provisoria, sino sólo con una ley aprobada por el Congreso.
La decisión del Senado "perjudica parcialmente el esfuerzo del gobierno para la prohibición de los bingos", dijo el ministro de Coordinación Política, Aldo Rebelo, en declaraciones difundidas por el noticiero GloboNews. Ante ello, el gobierno presentará nuevas medidas "para continuar prohibiendo el funcionamiento de los bingos", aseguró Rebelo sin ofrecer detalle del contenido de esas medidas o cuándo serían presentadas.
En una telaraña de leyes, reglamentos y medidas provisorias, las casas de bingo fueron autorizadas en 1998. Pero en el 2000 parte de la normativa fue revocada, dejando el juego de azar en un limbo que fue resuelto, en algunos estados de Brasil, con medidas judiciales.
Pero el cierre de todas esas casas de juego, al menos unos 1.100 locales, fue dispuesto por el presidente Lula el 21 de febrero, hasta tanto el Congreso discutiera una ley que reglamentara su funcionamiento o se decidiera su estatización.
Lula dispuso el cierre de las casas de bingo, que en Brasil dan empleo directo e indirecto a unas 300.000 personas, poco después de estallar un escándalo de corrupción con un funcionario en la presidencia. Las casas de juego se constituyeron en el centro de una crisis cuando una revista reveló, el 13 de febrero, que Waldomiro Diniz, asesor en la Presidencia, intentó en el 2002 extorsionar a un empresario de juegos de azar, solicitándole dinero para sí mismo y para supuestamente financiar campañas del Partido de los Trabajadores (PT), de Lula.
El mandatario destituyó al funcionario el mismo día de conocerse la denuncia periodística, y mantiene que el caso de Diniz se refiere a hechos anteriores a que comenzara el gobierno de Lula, en enero del 2003.