Edición Latinoamérica
23 de Agosto de 2019

Revés judicial en Carlos Paz

Rechazaron un pedido de inconstitucionalidad presentado por Lotería de Córdoba

(Argentina).- Las alícuotas fijadas en la ordenanza tarifaria de la Municipalidad de Villa Carlos Paz, por las cuales la lotería debe pagar un peso por cada persona que ingrese a las salas de bingo y casino de esa ciudad, no fue considerada inconstitucional por el Superior Tribunal de Justicia de la provincia.

E

l Superior Tribunal de Justicia de la Provincia resolvió no hacer lugar al pedido de inconstitucionalidad planteado por Lotería de Córdoba Sociedad del Estado sobre las alícuotas fijadas en la ordenanza tarifaria de la Municipalidad de Villa Carlos Paz por las cuales debe pagar un peso por cada persona que ingrese a las salas de Bingo y Casino de esa ciudad.

Mediante la resolución 346/03, emitida en agosto de 2003 -durante la gestión de Gustavo Dellamaggiore (Unión por Córdoba)- el municipio dictaminó que la Lotería omitió la presentación de declaraciones juradas correspondientes a diferentes períodos desde 1999 a 2003.

La Dirección de Recursos Fiscales calculó la cifra de la deuda tributaria en 3,9 millones de pesos para luego iniciar un sumario administrativo para determinar la responsabilidad de la entidad social.

El planteo de inconstitucionalidad fue presentado por los apoderados de la Lotería, los abogados Julio Altamira Gigena y Carolina Altamira. Argumentaron el perfil estatal, social y turístico de la entidad. Indicaron que al ser una actividad estatal, es la propia institución la que puede establecer reglas para su funcionamiento y advirtieron que las utilidades se destinan a obras de promoción y asistencia social.

El TSJ declaró “formalmente inadmisible” la solicitud de inconstitucionalidad de las alícuotas a los servicios de Esparcimiento. Advirtieron que Lotería realiza las actividades alcanzadas por las alícuotas dentro del ejido municipal de Carlos Paz. “La acción declarativa de inconstitucionalidad no es la vía idónea para discutir el carácter de contribuyente de una persona jurídica”, afirmaron.

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