Edición Latinoamérica
19 de Agosto de 2019

Declaraciones del interventor del organismo

La Caja Popular de Tucumán estudia la concesión del casino

(Argentina).- El Interventor de la Caja Popular de Ahorros, Juan Carlos Veiga, reconoció que existen tres o cuatro alternativas para el Casino, y que se han acercado propuestas para su explotación. Sin embargo, aclaró que el casino de la provincia continuará siendo de Tucumán.

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uan Carlos Veiga, interventor de la Caja Popular de Ahorros, declaró ante los medios locales que "hay tres o cuatro alternativas para el Casino, hay ofrecimientos de explotación y se va a optar por lo que sea más conveniente para la institución, pero el Casino es de la Provincia de Tucumán y seguirá siendo así".

El destino de la principal sala de juegos ha sido motivo de controversias en otras etapas de la gestión del gobierno provincial y desde la Asociación Bancaria se planteó la oposición a que el Casino sea privatizado, a pesar de que los números de la auditoría a la entidad evidenciaron que es una de las áreas deficitarias.

Según el interventor del organismo, quien se reunió en la Casa de Gobierno con el titular del PE, aseguró también que la Caja mantendrá los activos en su patrimonio al descartar que algunos inmuebles de su propiedad pudieran pasar a la provincia, en la conciliación de las deudas como resultado de la reciente ley de capitalización que no será vetada. Sobre este punto, el Gobernador José Alperovich había anticipado el criterio que con las propiedades de la Caja se podría conformar un fondo fiduciario.

"Yo entiendo -dijo Veiga- que el acreedor siempre hace la propuesta más favorable, en este caso el Gobierno, pero yo también tengo que ver la forma que más nos convenga".

El gobernador Alperovich ya había anticipado el propósito de llevar a 600 pesos el alquiler de las maquinitas que antes estaban entre 250 y 300 pesos. Con referencia al incumplimiento de los arrendatarios de máquinas de juego, Veiga descartó que en lo inmediato se vayan a rescindir los contratos. "No es que eso genere pérdidas patrimoniales a la Caja, pero entendemos que a los contratos hay que cumplirlos y todo incumplimiento de contrato -remarcó el Interventor- tiene que tener alguna reparación".

Tragamonedas

Por otra parte, los actuales concesionarios de las máquinas tragamonedas prorrogaron sus contratos con la Caja Popular de Ahorros por una década más, hasta setiembre de 2013. La continuidad fue firmada el año pasado por el ex presidente de la entidad, Carlos Cisneros, apenas un mes antes de abandonar el cargo.

Según admitió Veiga, el contrato autoriza a renegociar el canon por máquina, objetivo declarado por el gobernador José Alperovich, quien quiere que se pase de los $ 250 actuales a futuros $ 600. El monto no se modifica desde hace años, pese a los cambios económicos nacionales y a la salida de la convertibilidad.

“Si me parece que el canon no es el que corresponde, debo bregar por uno superior, para lo cual debo utilizar todas las armas disponibles. No tengo que enfrentarme con mafias, debo hacer valer y cumplir la ley; y si alguien no la cumple, es problema de él”, resaltó.

Veiga confirmó que, en inspecciones conjuntas con la Dirección General de Rentas, se detectaron 35 tragamonedas que no estaban declaradas. Pero consideró que es más grave el hecho de que en varios locales no se habían contratado los seguros obligatorios con la entidad, tal como lo impone el contrato de concesión, lo que genera un serio perjuicio económico. Por esas irregularidades, el equipo jurídico evalúa una sanción, que podría llegar hasta la revocación de la autorización. “Haré lo que me aconsejen las áreas técnicas”, adelantó.

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