Proponen ampliar la oferta de juegos de azar en Puerto Rico y generar más ingresos al Estado

La senadora Roxanna Soto Aguilú presentó el proyecto de ley 960 que propone ampliar la oferta de juegos de azar permitidos y enmendar la Ley de la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico. Se prevé la apertura de salas de póker independientes, loterías electrónicas interactivas y apuestas deportivas en torneos de esports que, en conjunto, podría representar entre USD 50 a USD 100 millones de nuevos ingresos a las arcas del gobierno.

La legisladora planteó la posibilidad de emular otras jurisdicciones como Nueva Jersey y Nevada, donde la expansión de las modalidades de apuestas permitidas por el estado ha significado nuevos ingresos que alcanzan los miles de millones de dólares. “Lo que busca esta legislación es aumentar la captación para el fisco, maximizar oportunidades de empleo y desarrollo y abrir nuevas oportunidades de servicios en salas de póker”, expresó.

“El estimado es que el ampliar la oferta de juegos de azar en Puerto Rico podría generar entre USD 50 a USD 100 millones anuales adicionales al fisco, basado en el crecimiento observado en apuestas deportivas y e-sports, y el potencial turístico”, subrayó.

Nuevos verticales de juego

Según la senadora, tanto los mercados de apuestas deportivas en e-sports como la industria de salas de póker independientes representan una gran oportunidad para atraer nuevos turistas. “Allá afuera hay una gran fiebre de e-sports. Lo vemos en competencia, tanto a nivel estatal como internacional, que mueve mucho dinero. Eso atraería otro sector de visitante o turista a Puerto Rico, particularmente el que es jugador”, aseguró Soto Aguilú.

Con relación a las salas de póker, el proyecto las define como espacios dedicados exclusivamente a este tipo de juego en vivo o con elementos en línea “operados fuera de casinos tradicionales o como establecimientos satélites autorizados, con mesas para torneos y ‘cash games’, sujetos a licencias específicas, límites de apuestas y protocolos de seguridad aprobados por la Comisión (de Juegos) que requerirían de un mínimo de 10 mesas”. El impuesto contemplado para esta modalidad sería de un 15% sobre ingresos brutos.

En el caso de las apuestas deportivas en los e-sports, la medida establece un impuesto del 12% sobre ganancias netas, promoviendo alianzas con la industria de videojuegos local.

En cuanto a las loterías electrónicas interactivas, los premios máximos estarían regulados por el estado y la contribución sería de un 20% de ingresos, que estarían destinados “directamente a programas sociales, asegurando integración con sistemas de prevención de adicción al juego”.

“Parte del problema que tenemos actualmente es que, en la medida en que la Junta de Control Fiscal (JCF) nos diga que el presupuesto está comprometido, todo lo que se proponga nuevo para ampliar servicios de salud, educación y bienestar social no puede comprometer las finanzas, por lo que hay que buscar fuentes nuevas de ingreso si queremos mejorar la calidad de vida de los ciudadanos”, advirtió la senadora.

Repercusiones del proyecto

La directora ejecutiva de la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR), Willianette Robles Cancel, señaló que “la industria de juegos de azar forma parte del ecosistema turístico de Puerto Rico e, históricamente, ha estado vinculada al sector hotelero y a la experiencia del visitante. Cualquier iniciativa que busque ampliar las modalidades de juego debe considerar su impacto en el modelo turístico actual, particularmente en los casinos autorizados y en la industria hotelera, que han sido pilares de esta oferta”, precisó la funcionaria.

Por su parte, desde la Comisión de Juegos indicaron que “dado el carácter técnico y abarcador” del proyecto, se encuentran “realizando un análisis exhaustivo de la medida”. “Según está redactado, la Comisión mantiene reservas en cuanto a su implementación”, comentaron.

Entretanto, la presidenta de la Asociación de Hoteles y Turismo de Puerto Rico (Prhta, en inglés), Clarisa Jiménez Mayoral, señaló que la medida “atenta contra la industria de los casinos en Puerto Rico”.

“Crea otra vía para crear casinos físicos y virtuales, permitiendo que se eliminen requisitos de inversión en planta física, creación de empleos, protección de los jugadores y protección contra el lavado de dinero, entre otras cosas. Institucionaliza una competencia desleal entre los 20 casinos en la Isla y los establecimientos que se crearían bajo esta medida”, alertó.