Autoridades del Ministerio del Deporte de Chile, encabezado por su titular Jaime Pizarro, se reunieron con representantes de casas de apuestas online para analizar el proyecto de ley que busca resguardar la integridad competitiva y prevenir el fraude en competiciones asociadas al deporte.
Según medios locales, la cita se realizó en abril en el marco de la discusión parlamentaria del proyecto que, además, pretende establecer penas para quienes resulten culpables de manipulación o amaño de resultados de competencias deportivas. La iniciativa se encuentra en trámite en el Senado chileno.
En ese contexto, representantes del sector online afirmaron que “hay un vacío en la legislación” en materia de integridad, pero dieron su respaldo a la regulación y destacaron que la tecnología actual “impide que se pueda influir en resultados de partidos de fútbol”, por ejemplo.
El CEO de Betsala, Albert Bellavista, comentó tras la reunión en el Ministerio del Deporte que se debe trabajar en una regulación que sea “coherente con la industria”. “Los casinos físicos actualmente están intentando proteger sus intereses, pero nosotros venimos aquí a darle cara a todo esto, ver que también tenemos lo nuestro, que es plenamente loable”, añadió.
Por su parte, el CEO de EstelarBet, Sebastián Salazar, señaló: “Creemos que es una norma muy buena. Creemos que era necesaria su existencia desde hace algún tiempo en el país, conecta muy bien con lo que hacemos los sitios de apuestas deportivas, en el sentido que podemos proveer de información veraz para colaborar con las investigaciones que pueda haber por eventuales amaños”.
En esa línea, Salazar sostuvo que la normativa chilena “está rezagada” en relación a la actividad de los operadores online y argumentó que una regulación del sector permitirá “que haya un juego seguro para el usuario final”.
Al comentar el proyecto de ley, el ministro del Deporte, Jaime Pizarro, manifestó que esta iniciativa “busca sancionar las conductas que tengan por finalidad predeterminar o alterar de manera deliberada y fraudulenta el resultado de una competición”.
Cabe señalar que dicho proyecto propone penalizar a quienes “den, ofrezcan o consientan en dar un beneficio económico o de otra naturaleza, a una persona que se desempeñe en una organización deportiva o organización deportiva profesional”. La pena planteada corresponde a la de un delito simple, con privación de libertad entre 541 días y tres años.