Carlos Silva Alliende: “El proyecto de Ley de Juego Online en Chile premia a quienes hoy cometen un delito”

En una reciente columna publicada por la revista SBC Leaders, el fiscal y Gerente de Asuntos Corporativos de Dreams, Carlos Silva, analizó el panorama regulatorio del juego online en Chile, y las demandas de las empresas con licencia ya establecidas en el país. A continuación, reproducimos la columna del ejecutivo para nuestros lectores:

La Presidencia de Chile ha presentado al Congreso, un Proyecto de Ley que regula el desarrollo y operación de plataformas de apuestas y juegos de casino online.

Este proyecto es una gran noticia, puesto que viene abordar la necesidad de actualizar el marco legal de los juegos de azar en Chile.

Actualmente, la Constitución de Chile establece que la regulación de las apuestas debe hacerse por ley. En ese marco, la regla general es la prohibición de desarrollar juegos de azar, siendo un delito su explotación comercial y oferta pública.

Las excepciones a esta regla sólo pueden realizarse de manera expresa en una ley que establezca una autorización especial, regulando su funcionamiento. En efecto, el Código Penal de Chile sanciona con penas de cárcel a quien explote un juego de azar —sin distinguir si es presencial o virtual— y, en consecuencia de lo anterior, el Código Civil chileno establece que las deudas de apuestas tienen objeto ilícito, de manera tal que no se admiten acciones de cobro judicial.

Por su parte, por leyes especiales, se ha autorizado en Chile la oferta de juegos de lotería sólo a dos entidades: las apuestas hípicas a los hipódromos de Chile y la operación de juegos de casino presenciales a operadores expresamente facultados por la autoridad. Todo eso luego de procesos de licitación pública y cumpliendo una serie de requisitos, entre otros, acreditar el origen de los fondos que financian a los casinos.

De acuerdo al proyecto de ley, el Estado podría recaudar de los operadores de apuestas online y juegos de casinos virtual cerca de 55 millones de dólares por concepto de pago de impuestos del 20 por ciento de sus ingresos brutos; 78 mil dólares al año por el pago de una licencia general y 8 mill dólares para los que tengan una licencia temporal.

Ahora bien, si las plataformas online desarrollan además apuestas deportivas, deberán entregar un 2 por ciento de sus ingresos brutos anuales a la Federación Nacional del Deporte objeto de la apuesta. Además, se hace cargo de la ludopatía, creando una “Política Nacional de Apuestas en Línea Responsables”.

Para su implementación, las sociedades operadoras de juego online deberán gastar al menos un 1 por ciento de sus ingresos brutos anuales en acciones de promoción de Juego Responsable. Por su parte, los jugadores tendrían que pagar un 15 por ciento de sus ingresos obtenidos en esta actividad, al momento de retirar dinero desde su cuenta de usuario a su cuenta personal.

También indica que las sociedades deberán ser constituidas en Chile e informar el origen de los fondos para explotar el negocio, detallar quiénes son sus accionistas y beneficiarios finales, además de estar obligadas a reportar operaciones sospechosas de lavado de activos. Finalmente, la autorización y fiscalización del mercado se le entrega a la Superintendencia de Casinos de Juego.

Sin embargo, deja sin resolver, en primer lugar, la urgencia de recaudar ingresos para el Fisco de Chile, ya que las plataformas de juego —que operan ilegalmente hoy en Chile— no son sancionadas y siguen sin aportar nada en el país mientras se discute la ley.

En segundo, se premia a quienes cometen un delito hoy —plataformas virtuales de juegos de casino y apuestas online—, permitiéndoles optar por una licencia de juego online facilitando que compitan de manera desleal con nuevos operadores.

En efecto, considerando que la competencia en el mercado de los juegos de azar online se produce a través de las bases de datos, es un hecho evidente que, durante estos años de ilegalidad, las plataformas han captado información de los jugadores —domicilio, identidad, hábitos de consumo, etc.— y han armado y usado esas bases de datos, que como dijimos, son esenciales para la competencia entre los actores del juego en las plataformas web.

El proyecto de ley, sin embargo, no resuelve esta situación y les permitiría a las actuales plataformas que operan hoy en Chile, participar en un futuro mercado regulado desde una posición de privilegio, dejando en desventaja a los nuevos operadores que cumplen la ley. Sería interesante que la ley incorpore soluciones ya probadas en otras jurisdicciones, como, por ejemplo, establecer un período de cooling-off —una etapa de negociaciones previa que tiene el fin de resolver un conflicto antes de la revisión final del regulador— para evitar que existan ventajas anticompetitivas.

Finalmente, y en relación con las bases de datos que ya han armado las plataformas de juego online, no se aborda una sanción por haber hecho la captura sin autorización y queda sin resolver la protección de los antecedentes personales e información esencial que han capturado.

Esperamos que el cambio de regulación que se tramita en el Congreso se haga en concordancia con las políticas públicas que han sustentado la industria del juego en Chile, como el desarrollo de la entretención responsable, la promoción de la economía local y el desarrollo de los territorios, la defensa de los consumidores, el resguardo los datos personales, la libre competencia y la prevención de lavado de activos.