La Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) y la Dirección General de Ordenación del Juego de España (DGOJ), dependiente del Ministerio Hacienda, firmaron un nuevo acuerdo de intercambio de datos que fortalece y amplía el que cerraron en 2014.
El fisco exige ahora más información sobre los torneos y rifas que organizan los operadores del ramo, sobre sus prácticas publicitarias y sobre la existencia de sorteos ilegales. Además, pide reforzar el control sobre estos negocios y la identidad y saldos que manejan los jugadores.
Ambas instituciones firmaron un primer acuerdo de intercambio de datos en 2014. El objetivo era que la DGOJ obtuviera los datos tributarios de los actores del sector que fueran necesarios para su labor de regulación, autorización, supervisión, control y sanción. A su vez, se comprometió a facilitar a la AEAT los datos que recopila sobre operadores y jugadores. Todo bajo un compromiso de confidencialidad: los datos solo debían utilizarse para velar por el cumplimiento de las funciones de cada ente.
El diario Cinco Días informó que ambas partes decidieron renovar el pacto para incluir nuevos requerimientos de información. El nuevo convenio ratifica lo firmado en 2014 e introduce una serie de nuevas obligaciones que incluyen la exigencia de que la DGOJ informe a la AEAT sobre las rifas y juegos organizados de forma ocasional o esporádica, más allá de aquellos juegos recurrentes. El fisco reclama información exhaustiva del valor de las participaciones que se lleven a cabo en estos juegos y de la autorización para operar de quienes los organizan.
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Además, la Agencia Tributaria también pone el foco por primera vez en los agentes autorizados para emitir publicidad relacionada con estas actividades de juego así como en sus certificados de seguridad informática. Finalmente, la inspección fiscal también tendrá a su disposición la información recabada por la Dirección General del Juego sobre sitios webs de juego ilegal y comercializadores de lotería no autorizada.
El acuerdo estará vigente por cuatro años. Ambas entidades tienen la posibilidad de prorrogarlo bajo los mismos términos por un periodo similar si en otoño de 2023 no se considerara necesario incorporar nuevas exigencias de control.