Brasil ya tiene un borrador para habilitar sus apuestas deportivas

De acuerdo a la información que trascendió en varios medios y que aún no es oficial, no habrá límites en el número de licencias de apuestas deportivas que operen en el mercado brasileño, lo que demuestra que el Ministerio de Economía busca una mayor flexibilidad de mercado y grandes oportunidades de crecimiento para las empresas operadoras.

Para operar en el país, estas empresas deberán pagar un derecho de autorización de R$ 3 millones (casi US$ 740.000) en un solo pago. La licencia será válida por nueve años, y los operadores podrán renovar sus autorizaciones a un valor actualizado al término de las mismas.

Además, mensualmente cada operador pagará un monto diferente, ajustado al régimen operativo que les corresponda. Para aquellos que trabajen exclusivamente en el entorno físico, la tarifa será de R$ 20.000 (US$ 4.920), las empresas que operen online tendrán que pagar R$ 30.000 (US$ 7.380), y aquellos que exploten ambas modalidades pagarán un fee de R$ 45.000 al mes (US$ 11.100).

Otro de los puntos que considera el decreto señala que las empresas deberán tener una reserva financiera de al menos R$ 6 millones (US$ 1,48 millones), y para ofrecer un mercado legalmente seguro, el régimen fiscal elegido es el 1% de los ingresos.

Tras la consulta pública, se desprendía que el mercado prefiere que el régimen fiscal se calcule sobre los ingresos brutos del juego (GGR), pero desde el Ministerio de Economía estiman que el 1% de los ingresos equivale a un 6% en promedio sobre el GGR.

En el marco de la distribución, el régimen elegido decretaría que un 99% del monto sería destinado a cubrir el costo del agente operador y los gastos de mantenimiento, mientras que el 1% restante se dividiría de la siguiente manera: 0,1% para la Seguridad Social, 0,1% para entidades educativas, 0,1% a la FNSP y el 0,7% restante iría a entidades deportivas de fútbol.

En cuanto a las penas impuestas para los operadores ilegales, desde el Ministerio de Economía analizan un cambio en el Código Penal, aumentando las penas actuales. Este punto requerirá la aprobación del cambio por parte del Congreso Nacional y, también según el proyecto, los responsables de las compañías que operen cualquier forma de lotería no autorizada estarán sujetos a prisión de 1 a 5 años, y el pago de multas. Además, quienes participen en la manipulación de resultados serán castigados con presión de 2 a 8 años, además de una multa.