Edición Latinoamérica
15 de Diciembre de 2018

El Gobierno respondió así a las críticas de la Iglesia argentina

La provincia de Buenos Aires fija impuestos a las apuestas online, pero luego buscaría prohibirlas

La provincia de Buenos Aires fija impuestos a las apuestas online, pero luego buscaría prohibirlas
"Lo que hacemos es exigirles que paguen impuestos aquellos que hacen usufructo del juego online y hoy no pagan", explicaron desde el Gobierno de la provincia de Buenos Aires, encabezado por María Eugenia Vidal.
Argentina | 06/12/2018

Fuentes oficiales del Gobierno provincial aseguraron que si existe un proyecto para prohibir el juego online, "encontrará apoyo en el Gobierno". La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) había difundido un comunicado crítico de la regulación, titulado "Cada casa puede ser un casino". La oposición logró modificaciones al proyecto original, pero exigen una comisión bicameral específica de seguimiento al sector, y analizan recurrir a la Justicia.

E

l Gobierno de la provincia de Buenos Aires aclaró que hasta que se encuentre un mecanismo eficaz para prohibir las apuestas online, éstas deben tributar impuestos, según informó una fuente oficial a la agencia estatal nacional Télam. Fue en respuesta a una queja de la Iglesia, ante la aprobación en la Legislatura de la regulación del juego por Internet sancionada este lunes dentro de la Ley Impositiva 2019.

"Lo que hacemos es exigirles que paguen impuestos aquellos que hacen usufructo del juego online y hoy no pagan", explicó una fuente del gobierno bonaerense.

Precisó que "si existe un proyecto para prohibirlo, que encuentre la manera de garantizar esa prohibición que es lo más relevante, sin duda encontrará apoyo en el gobierno de la Provincia" pero aclararon que "hasta ahora no ha aparecido un mecanismo sencillo de control o prohibición; con lo cual, mientras tanto, que paguen impuestos".

La aclaración del gobierno bonaerense llegó después de que la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), a través de la Comisión Nacional de Pastoral de Adicciones y Drogadependencia, consideró que la legalización tiene "un objetivo meramente recaudatorio".

"Lamentamos el cambio que dio la gobernación provincial en este tema ya que se había manifestado con convicción en contra del juego, inclusive con acciones concretas y decisiones hacia futuro", indicó la comisión episcopal en un comunicado difundido ayer, titulado "Cada casa puede ser un casino".

La gobernadora María Eugenia Vidal, de buena relación con la Iglesia y el Vaticano, desde el comienzo de su gestión en diciembre de 2015 dispuso el cierre de tres casinos, un bingo y detuvo la apertura de otro. En enero, llamó a una licitación pública por primera vez en 23 años para la explotación de 3860 tragamonedas en siete casinos, proceso que aún se encamina a la segunda apertura de sobres.

El mes pasado se conoció la intención de aplicar un impuesto a las apuestas ganadoras de las máquinas tragamonedas, que se fijó en un 2% y se materializó con la Ley Impositiva 2019 sancionada el lunes por ámbas Cámaras. En la misma legislación, se incluyeron 26 artículos que regulan por primera vez el juego y las apuestas por Internet, con un cupo de siete licencias que serán licitadas a través del Instituto Provincial de Lotería y Casinos (IPLyC). Esta actividad deberá pagar el impuesto a los Ingresos Brutos (15%) y un canon no menor al 2%.

La senadora María Teresa García, presidenta del bloque opositor del FPV-PJ, declaró tras la aprobación de la Ley: "La Gobernadora no tuvo el coraje de decirle a los bonaerenses que quería legalizar el juego a pesar de haber dicho lo contrario desde 2015, y por eso la mandó escondida dentro de la Fiscal Impositiva".

"Esta ley debía discutirse aparte, convocando especialistas y a los sectores correspondientes, pero decidieron esconder el debate”, cuestionó, y ratificó que analiza ir a la Justicia porque considera que se trata de una “modificación encubierta de la ley del juego”.

En tanto, desde el Frente Renovador, partido liderado por Sergio Massa, confirmaron que seguirán reclamando que haya una instancia en la Legislatura de contralor del nuevo sistema, en concreto, una comisión bicameral específica de seguimiento. “Nos gustaría que esto tenga el seguimiento adecuado”, manifestaron desde ese bloque, según publica el portal local Infocielo.

Modificaciones incluidas por la oposición

El proyecto original de regulación sufrió algunos cambios y la oposición logró establecer exigencias para los futuros operadores referidas a la transparencia y al combate de la ludopatía.

Con respecto a los títulos habilitantes, una modificación determinó que la Autoridad de Aplicación, el Instituto Provincial de Lotería y Casinos de Buenos Aires, podrá “celebrar convenios” pero sin que eso signifique no “ aumentar la cantidad de licencias fijadas en la presente ley”, que son siete como máximo.

La organización y explotación de las actividades podrá ser ejercida por Personas jurídicas extranjeras, pero “solo si se presentan bajo la modalidad de Unión Transitoria de Empresas -UTE- con otra persona jurídica nacional y siempre que ésta última posea una participación social no inferior al 15% respecto a la primera”.

Por otra parte, el Registro de Licencias de Juego On Line, donde estarán anotados quienes sean concesionarios deberá ser “de carácter público”.  Quienes manejen los permisos, tendrán que “respetar y asegurar el cumplimiento de la ley 25.246 a efectos de prevenir e impedir el delito de lavado de activos”.

También hubo agregados sobre las apostadores. En este caso, se estableció que, “para la comprobación de la información”, los registros de los usuarios deberán “estar conectados con la base de datos de los organismos que la Autoridad de Aplicación considere”.

Para evitar y prevenir adicciones, se introdujo “una alerta que le indique al usuario que ha iniciado sesión hace más de tres horas”. Luego de es período, sonará “cada nueva hora”. En el mismo camino, se deberá “mantener actualizado el Registro de autoexclusión”.

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