El proyecto de Ley del Turf, aprobado en la Cámara alta en julio pasado, no será llevado a votación al recinto por el momento. El bloque que responde a la gobernadora María Eugenia Vidal tiene menos de 40 diputados, sobre un total de 92, y sin una alianza con sectores de la oposición puede perder la votación.
Ante este escenario, el presidente del cuerpo, Manuel Mosca, dio la orden de esperar a conseguir consensos con otros bloques. Esta oportunidad podría llegar con la votación del presupuesto provincial.
Según publica el diario La Nación, el Poder Ejecutivo negó que la reforma deje sin actividad a 88 mil familias como denunció la oposición, con el argumento de que toda la ocupación de la industria ligada al campo es de 175 mil trabajadores, y el turf no equivaldría a la mitad de la actividad del campo.
La presidenta del bloque de diputados de Unidad Ciudadana (UC), Florencia Saintout, adelantó: "Vamos a rechazar este proyecto porque sabemos del impacto tremendo que va a tener sobre el trabajo". También advirtió que en Diputados, si la oposición se pone de acuerdo, un proyecto no prospera.
“La gobernadora por un lado plantea sacar el Fondo de Reparación por un supuesto combate al juego, pero al mismo tiempo autoriza tragamonedas por toda la Provincia, llamando a licitación”, explicó a El Intransigente el diputado de UC Mariano Pinedo, quien hace una diferencia entre los juegos de los casinos y bingos con respecto a la actividad hípica: “Un sistema de juego de tragamonedas es más veloz, más adictivo, hace más daño y no conlleva a ninguna industria que mantener como el Turf”.
En sintonía, Carlos Urquiaga, diputado del PJ, aseguró: "Nunca vamos a acompañar la pérdida de empleos". Desde la Asociación de Personal de Hipódromos (Aphara), Diego Quiroga opinó: "A este gobierno no le interesa destruir a 83 mil familias. Tampoco piensan las consecuencias que puede traer".
Por su parte, el presidente de la Asociación de Propietarios de Caballos de Carrera, Mariano Fragueiro, sostuvo: "El turf es una industria y necesitamos mantener íntegra la actividad con todos sus trabajadores".
“La verdad que todavía no tenemos bien claro el panorama, pero todo indicaría que en Diputados hay dos alternativas: rechazarla o hacerles las modificaciones que sean compatibles con lo que necesita la industria”, explicó Fragueiro, para quien de aprobarse la norma "automáticamente se destruye el sector".
El proyecto fue defendido por el presidente del regulador bonaerense, Matías Lanusse: "Es decisión de la gobernadora quitar todos los subsidios y subvenciones a todas las actividades que no sean salud, educación y seguridad. No es una decisión nueva. Se anunció en 2017 y comenzó a implementarse de forma gradual. Buscamos ir a una merma del subsidio de unos $1000 millones por año y dar otras herramientas a la actividad hípica para que recauden recursos genuinos", declaró.
Lanusse negó que unas 80 mil familias puedan ser afectadas y perder sus empleos, ya que esa cifra corresponde a la actividad de todo el país y no de la provincia de Buenos Aires. En este territorio, la cifra de trabajadores vinculados a la actividad sería de unos 16 mil.