“La eliminación del subsidio a la hípica colapsaría la industria”

La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, anunció la semana pasada la reducción del subsidio estatal a la actividad hípica, que comprende los hipódromos de San Isidro, La Plata, Tandil, Azul y Dolores. Se destinará un 25% menos de los recursos provenientes de la recaudación en las máquinas tragamonedas, lo cual se traduciría en 300 millones de pesos menos para 2018, y se analiza eliminar el piso actual del 9% de esos fondos mediante un proyecto de ley para reformar el artículo 29 de la Ley 13.253. En entrevista exclusiva con Yogonet, el secretario del Jockey Club de Azul, a cargo de los hipódromos de esa localidad y de Tandil, analizó la medida.

¿Cómo reaccionaron ante la decisión del gobierno bonaerense?
Nos genera mucha preocupación. Entendemos que es una medida netamente económica, y una declaración netamente efectista. En la opinión pública hay un desconocimiento de todo el desarrollo que tiene la actividad hípica, con miles de puestos de trabajo en todo el país, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Tuvimos reuniones con legisladores, intendentes, próximamente con funcionarios del ámbito de Nación, para transmitir la preocupación y demostrar nuestros logros en un año y medio de gestión en Tandil.

¿Cómo los afectaría en particular?
La reducción actual del 25% ya genera dificultades en materia logística y desarrollo de la actividad. Entendemos que, con algunos ajustes, podremos mantener el nivel de profesionalidad. Pero si eventuales proyectos de ley se traducen en porcentajes menores a los que vamos a recibir desde ahora, va a colapsar la industria hípica, se generará un daño material y laboral muy importante en la Provincia, e incluso a nivel nacional, porque Buenos Aires es la cabeza del desarrollo de caballos de carreras. 

¿Atribuye la medida a un avance político contra el juego en la Provincia?
Hay un contrasentido evidente, más relacionado con el marketing político. En realidad, la incidencia del juego en la provincia no es por el turf, sino por los bingos, casinos, tragamonedas y quinielas. La política del Estado fue fomentar eso cada vez más, dado que es un elemento de recaudación y flujo de dinero para la administración provincial.
Si se cierran tres casinos, pero se licitan los tragamonedas para tenerlos en otro, no hay lucha contra el juego. Hay que transparentar el objetivo al que se quiere ir, no manifestar eslóganes atractivos que no se condicen con la realidad.
Se pueden plantear políticas públicas para disminuir la ludopatía, que tampoco es cuestión del turf, porque está demostrado por la propia dirección provincial que no existe tal correlación. Cada argumento que uno empieza a desglosar indica que el supuesto avance contra el juego poco tiene que ver con la actividad hípica. 
Nosotros lo atribuimos más a una mirada global de la administración pública relacionada con no fomentar intervenciones del Estado en actividades de índole privada. Es un error, porque al analizar lo que genera el turf en materia de trabajo, y todo lo que devuelve en obras, tecnología y premios, se puede ver que se trata de un uso político intencional en algunos casos, o en otros, de desconocimiento: no tienen medido el nivel de actividad e industria del turf en todo el país.

¿Contemplan otros recursos para reemplazar el subsidio?
La actividad en el mundo también funciona con intervención estatal. Uno se puede plantear como objetivo mejorar la rentabilidad en el hipódromo y achicar la brecha entre lo que recibe actualmente, es una buena política que se deben plantear la dirigencia hípica y el Estado. Por un lado, la administración provincial requiere que uno mejore sus niveles de recursos, pero por otro, el principal recurso es la venta de boletos, con el desarrollo de agencias hípicas en todas las jurisdicciones.
Debería aplicarse una política mancomunada de vender más, y que el Estado haga políticas en ese sentido y disminuya al máximo el juego clandestino. Éste surge en cierto grado porque hay pocos agentes oficiales en todo el país. Hay mucho por hacer, y nosotros estamos abiertos al diálogo, a plantear alternativas. Se requiere de la imaginación y la decisión de la dirigencia hípica y el acompañamiento del Estado, que tiene que autorizar. Por ejemplo, los hipódromos de Azul y Tandil tienen señal HD propia, y la queríamos comercializar en las agencias hípicas. Pudimos avanzar en algunas cuestiones pero en otras no, por falta de voluntad política.

¿Cómo responden ante las irregularidades señaladas por el informe provincial en el uso del subsidio?
Nuestra experiencia corresponde a los últimos dos años en el manejo de fondos, mientras que la ley está hace más de 10. Uno de los factores que entran en juego es la falta de control, porque el hipódromo no es dueño de los fondos, sino que los administra, y si hubo irregularidades en la gestión, también las hubo en el contralor del ente público.
En Azul y Tandil, no se vio reflejado ese flujo de dinero para inversiones y desarrollo en los años previos, es un hecho evidente. El ente de contralor deberá determinar qué pasó en esas administraciones. En nuestra gestión hubo una auditoría, y nos parece bárbaro que vengan cada tres meses, porque es una forma de fortalecer a la industria: financiamiento claro e inversiones claras. E ideas, que son importantes para progresar.

¿Consideran algún tipo de protesta en caso de que se profundice la medida?
Por lo pronto estamos apelando a distintos legisladores, actores políticos, funcionarios, es una tarea docente, de explicar y mostrar en qué gastamos, qué hacemos en nuestras gestiones. Incluso hicimos carreras sin tener el dinero que nos corresponde por ley, ya que en Azul y Tandil no nos giraron los fondos de diciembre, enero y febrero. Esto debería pasar primero por un objetivo común de la actividad hípica, y después fomentar este tipo de acciones para apuntar a mejorar y modificar algunas cuestiones. Hay que saber explicar que el modelo de financiación no proviene del contribuyente, es un aporte de los bingueros con sus tragamonedas. Porque la opinión pública piensa que está financiando a 20 personas a quienes les gusta la actividad hípica, o 200 en el país. Y en realidad son miles de fuentes de trabajo que se van a ver perjudicadas.