La Asociación Paraguaya de Operadores de Juegos de Azar (Apoja) denunció que existe una gran cantidad de máquinas tragamonedas en las calles que incumplen las disposiciones de la Ley N° 9603, y responsabilizó de esta irregularidad a las autoridades municipales. Desde la Comisión Nacional de Juegos de Azar de Paraguay (Conajzar) les dieron plazo hasta el 8 de febrero para resolver la situación.
La presidenta de Apoja, Lorena Rojas, explicó que estas máquinas "abundan en las calles, en abierta violación de las disposiciones de la Ley N° 6903/2022, que establece medidas de protección a infantes y adolescentes de la influencia de tragamonedas", cuya finalidad es disminuir las posibilidades del desarrollo de adicción a las apuestas. Indicó además que esta situación se debe principalmente a la falta de voluntad de las autoridades municipales, informó el medio local ABC.
“La ley no es letra muerta. En realidad, lo que existe son autoridades complacientes y operadores privilegiados, pues en Encarnación no hay máquinas en calle y en Limpio se actualizó su normativa, pero esto no es así en la gran mayoría de los municipios del país”, señaló.
Lorena Rojas
La normativa, reglamentada por el Decreto N° 938/2023, estipula explícitamente que las máquinas pueden funcionar únicamente en salas de juegos de azar autorizadas por los municipios y que cuenten con el Registro de Operador de Juego de Azar emitido por Conajzar. Asimismo, obliga a las municipalidades a que notifiquen la cantidad de salas que habilitaron.
Además, el decreto establece que esas salas autorizadas deberán contar y mantener durante todo el tiempo de explotación del local de juegos electrónicos un sistema de monitoreo y control en línea de las mismas, que opere en dicho local y a cuyo sistema tendrá acceso Conajzar. El objetivo es controlar el flujo de dinero en circulación.
Para Rojas, las autoridades son cómplices ya que impiden el control del dinero que circula en las máquinas y, de esta manera, también permiten una forma de evadir impuestos. Sin embargo, con la vigencia de la ley, están obligados a cumplir las normas para el control del lavado de dinero. “Estamos recopilando informes y vamos a presentar denuncias serias y responsables”, adelantó.
Por su parte, el titular de Conajzar, Carlos Liseras, recordó que los 263 municipios tienen plazo de 30 días hábiles a partir de la publicación del mencionado decreto, el 27 de diciembre pasado, para adaptarse a las disposiciones. El plazo se cumple este 8 de febrero.
En ese marco, detalló que sólo Fernando de la Mora actualizó su ordenanza para unificar con las disposiciones del decreto, y Naranjal notificó a Conajzar la cantidad de salas que había habilitado a la fecha. Son las únicas notificaciones que recibió el ente, comentó.
Carlos Liseras
Liseras mencionó que ya se notificó a los 263 municipios del país sobre la vigencia de la ley de tragamonedas y las obligaciones establecidas en su decreto reglamentario. Una vez finalizado el plazo establecido para su adaptación, se realizarán “masivas fiscalizaciones” a fin de velar el cumplimiento de la normativa, aseguró. Para concretar los controles, indicó que se encuentra articulando acciones con la Policía Nacional, el Ministerio Público y la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT).
El titular de la Conajzar recordó que el 30% del total de la recaudación en juegos de azar se destina a la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (Diben), que actualmente son PYG 4.500 millones (USD 618.000). El resto de los recursos se distribuye al Tesoro Público, Gobernaciones y Municipios, conforme se establece en la Ley N° 1016/97 del Régimen de Juegos de Azar.
“Estamos coordinando las tareas para combatir el juego clandestino en todo el país, tanto en la Región Oriental como Occidental, y no sólo las tragamonedas, sino que todas las apuestas clandestinas”, advirtió. A modo de ejemplo, mencionó la quiniela, bingo, rifas y apuestas deportivas que operan en negro.
A su vez, aseguró que, conforme a las estimaciones del ente, la recaudación podría ser el doble, y de esta manera, sería mucho más lo que se destine a la Diben, organismo que se dedica a la asistencia sanitaria a la gente de escasos recursos.