Ayer martes 4 de abril, el Gobierno de Mendoza adjudicó a cinco grandes grupos empresarios el servicio de apuestas y juego online. La adjudicación se dio con el aval de la Fiscalía de Estado, con su aprobación el pasado 31 de marzo. A raíz de esto, comenzaron a surgir una serie de cuestionamientos de parte del sindicato que nuclea a los trabajadores de Juegos y Casinos.
Martín Caín, titular del gremio, indicó que desde su sindicato ya están analizando el funcionamiento de las licencias otorgadas por el Instituto Provincial de Juegos y Casinos (IPJyC). El principal reclamo está relacionado con la participación que tendrán los trabajadores en las utilidades que generará el juego online.
Según argumentan desde el sindicato, el decreto 1.318 del 2010 establece una bonificación para los trabajadores compuesta por un 10% de la utilidad bruta de la explotación del juego en los casinos y un 4% que se suma de la utilidad bruta de los otros juegos que explote en IPJyC. Con el otorgamiento de las licencias para juego online, consideran que debería corresponderle a los trabajadores un porcentaje de las ganancias que obtenga la provincia por la explotación.
Un nuevo escenario se plantea para el sector en toda la provincia, ya que a partir de medida del IPJyC se podrá jugar desde la comodidad de un celular o una computadora, con juegos por montos mínimos más bajos que las salas físicas. Asimismo, la regulación del juego en línea permitirá el control de una actividad en permanente expansión y que hasta ahora no generaba ningún ingreso para el Estado.