Alejandro Landaluce, director general de CeJuego

"La intención de Alberto Garzón nunca ha sido velar por el juego responsable, sino atacar a la iniciativa privada"

26-01-2022
España
Tiempo de lectura 3:07 min

El director general del Consejo Empresarial del Juego de España (CeJuego), Alejandro Landaluce, dialogó con Yogonet y apuntó contra la iniciativa que impulsa el Ministerio de Consumo, que asegura pretender desarrollar entornos más seguros en los espacios de juego. "El Real Decreto cuenta con un marco muy alejado de la realidad de nuestro sector", protestó.

¿Qué valoración general hacen del Real Decreto por el que se desarrollan entornos más seguros de juego que prepara el Ministerio de Consumo?

Desde el sector del juego privado presencial llevamos años promoviendo iniciativas que garantizan entornos de juego responsable y seguro. Los datos no engañan, España es uno de los países del mundo con unas de las cifras de juego problemático más bajas del mundo.

Lamentablemente, este Real Decreto no nace de la voluntad de dotar de un entorno más seguro, sino de continuar con la campaña de persecución hacia el sector del juego privado a través de un populismo que ignora cualquier evidencia científica. En este sentido, es evidente que nuestra valoración no resulta positiva.

Esta persecución solo opera en una dirección, puesto que es precisamente en los entornos de consumo de juego público hacia donde debería enfocarse el desarrollo de nuevas normativas, ya que los datos de las instituciones que supervisan la incidencia del juego problemático corroboran la falta de garantías de protección en estos entornos, especialmente hacia los clientes más vulnerables.

Además, el Real Decreto propone una serie de regulaciones caracterizadas por sus dudosas garantías jurídicas, que confrontan con los principios de proporcionalidad, buena regulación, libertad individual y que son contrarias a la libertad de empresa.

El ministro Garzón y su equipo niegan la realidad que arrojan los datos para crear un escenario contrario a la evidencia: El juego privado presencial es seguro en España.

Uno de los principales reclamos que hacen a la Administración Pública es la diferenciación que existe entre juego público y privado a la hora de hablar de juego responsable, ¿consideran que es algo que mejora con el proyecto o que se mantendrá la misma dinámica?

Esta reivindicación nace de la falta de garantías en la supervisión del juego publico entre estos colectivos, especialmente entre menores. Los informes de adicciones comportamentales del Plan Nacional de Drogas y el ESPAD europeo, reflejan que la gran mayoría de jóvenes que acceden al juego con dinero lo hacen consumiendo loterías y apuestas del Estado y a loterías instantáneas (rascas).

Recientemente hemos asistido a casos como el de la menor de Ávila, de tan solo 16 años, premiada tras participar en el Sorteo Extraordinario de Navidad, y al silencio de las autoridades ante situaciones como esta, que no son una excepción. Queremos que el Estado sepa reaccionar a tiempo y de manera efectiva ante estos casos.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) recomendó dotar de más seguridad la obligación de los operadores del juego de suspender la actividad en el caso de personas que presenten comportamientos de juego de riesgo, ¿cómo evalúan el aporte?

En la actividad del juego privado presencial contamos con garantías efectivas para la protección de colectivos vulnerables, como los controles de entrada y el registro de auto prohibidos. En este sentido, los datos arrojados por las numerosas inspecciones de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en los locales de juego reflejan  nuestro más estricto cumplimiento.

El sector apoya las medidas de protección a los usuarios que nazcan de un vacío regulador, o una necesidad, y que estén impulsadas desde un espíritu que busque, genuinamente, el equilibrio entre la regulación y la libertad de los operadores para ejercer su actividad, en base al principio constitucional que asegura la libertad de empresa.

El sector apoya las medidas de protección a los usuarios que nazcan de un vacío regulador, o una necesidad, y que estén impulsadas desde un espíritu que busque, genuinamente, el equilibrio entre la regulación y la libertad de los operadores para ejercer su actividad, en base al principio constitucional que asegura la libertad de empresa.

Recientemente, hemos conocido que el Ministro de Consumo, Alberto Garzón, avaló inversiones por 3 millones de euros para “atraer consumidores” a los juegos del Estado. ¿Qué opina de estas inversiones y de la postura?

Es una muestra de la fuerte asimetría entre el trato favorable que el juego público se dispensa a sí mismo y la extensa normativa que afecta al juego privado. Cobra especial relevancia que la partida estará destinada a la captación de clientes jóvenes, de 18 a 24 años.

Noticias como estas evidencian que la intención de Alberto Garzón nunca ha sido velar por el juego responsable, sino atacar a la iniciativa privada del juego, poniendo el riesgo 47.000 puestos de trabajo directos, mientras el juego público opera sin ningún tipo de control.

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