Según la prensa local

Chile: Vivien Villagrán podría dejar la Superintendencia de Casinos

Vivien Villagrán, titular de la SCJ.
13-10-2021
Tiempo de lectura 4:06 min
Según fuentes de Gobierno citadas por el medio El Mostrador, de Chile, hasta inicios de este año Villagrán parecía contar con un apoyo irrestricto, pero en los últimos meses las irregularidades en relación con su gestión han mellado ese respaldo y hoy se encontraría prácticamente sola, cerca de ser removida de su cargo.

De acuerdo a lo destacado en una amplia nota de El Mostrador, una serie de frentes abiertos –como el informe de la Comisión Investigadora, la auditoría de la Contraloría, las demandas judiciales por la licitación y una dura disputa con la presidenta del Senado, también por la licitación–, la permanencia de Vivien Villagrán en su cargo al frente de la SCJ, según fuentes informadas, “se torna insostenible”.

Ya en marzo, Villagrán habría presentado su renuncia a través de una carta que se encuentra en poder del subsecretario de Hacienda, Alejandro Weber, quien ahora podría tomar una decisión definitiva, en base a los motivos mencionados.

La industria de casinos tuvo un 2021 agitado en Chile. En medio de las restricciones de la pandemia, que han impedido un normal funcionamiento de los recintos a lo largo de todo el país, se suman las polémicas que ha debido enfrentar la titular de la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ), por sus decisiones en relación con el grupo Enjoy y sus casinos, y las batallas judiciales que han emprendido distintos operadores por la próxima licitación de los permisos que vencen en 2023 y 2024.

Según fuentes de Gobierno, hasta inicios de este año Villagrán parecía contar con el apoyo irrestricto del Gobierno, pero en los últimos meses las irregularidades en torno a su gestión han mellado ese respaldo y hoy se encontraría prácticamente sola.

El primero de estos hechos ocurrió en enero de 2021, cuando la reguladora se vio envuelta en polémicas al suspender la verificación de las obras del casino de Viña del Mar y no iniciar el cobro de la boleta de garantía. Este recinto debía iniciar sus operaciones el 30 de enero.

Posteriormente, el 4 de marzo, la Cámara de Diputados aprobó, por una amplia mayoría, el informe final de la Comisión Investigadora de los órganos fiscalizadores de casinos, el estado del grupo Enjoy y el daño a las finanzas locales, que acusó que la señalada superintendencia incumplió su rol fiscalizador.

Tres semanas más tarde, el 25 de marzo, la Contraloría anunció una auditoría al fideicomiso ciego del presidente Sebastián Piñera, para aclarar si hubo conflicto de intereses. Si bien la investigación descartó esta situación, el ente dirigido por Jorge Bermúdez concluyó que “la SCJ no se ajustó a derecho al suspender el procedimiento de verificación del cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios para el inicio de operación del casino” de la Ciudad Jardín. Con los antecedentes recabados, el organismo decidió iniciar una auditoría en la SCJ.

En este contexto, la Cámara de Diputados y la Contraloría no son los únicos que han criticado la labor de la Superintendenta. Desde inicios de 2020, la Asociación Chilena de Casinos de Juego (ACCJ) también ha reprochado la decisión de la autoridad, de impulsar un proceso de licitación que a su entender, no se ajusta a la normativa vigente.

Según los operadores, el proceso debe realizarse de acuerdo al modelo de proyecto integral, es decir, el mejor proyecto obtiene la licencia. Esto está amparado en el artículo tercero transitorio de la Ley 19.995, que señala que “los permisos de operación otorgados con anterioridad a la modificación de la presente ley se regirán por las normas vigentes al tiempo de su otorgamiento, salvo que las normas posteriores impliquen mejores condiciones para su operación”.

Pese a lo anterior, la SCJ está llevando a cabo la licitación sobre la base del sistema de oferta económica, lo que significa que la sociedad que está dispuesta a pagar más impuestos se queda con el permiso. Este sistema ha sido criticado por su ineficiencia para lograr casinos que logren reemplazar de mejor manera a las concesiones municipales. En efecto, más allá de la pandemia, el sistema de licitación ha fallado en sus objetivos, como ha sucedido en Puerto Varas –en proceso de revocación por no cumplir normas de urbanismo– y en Pucón, donde Enjoy intenta la aprobación de modificaciones al proyecto ofrecido, el cual no logra ajustarse a las bases de la licitación y las normas de urbanismo.

A todo ello se suma que Villagrán también se ha enfrentado con la presidenta del Senado, Ximena Rincón, quien en 2015 estuvo a cargo de tramitar las modificaciones a la Ley de Casinos en su calidad de ministra Segpres.

El primer round se vivió el 9 de julio de 2020, cuando ambas participaron en una sesión de la Comisión de Economía del Senado, donde se abordó la situación del rubro. En su intervención, la actual presidenta de la Cámara Alta emplazó a la autoridad sectorial a aplicar lo que dice la ley y no a interpretarla.

El choque más intenso, sin embargo, se dio en tribunales meses después. En el marco de un proceso judicial iniciado por la operadora Dreams, la SCJ emitió un informe, en septiembre de 2020, en el que indicó que la senadora Rincón fue “inducida” a entregar la opinión sobre los alcances del artículo tercero transitorio de la Ley 19.995.

Frente a esto, la presidenta del Senado redactó una carta, con fecha 29 de junio, en la que señaló que “es absolutamente improcedente e irregular en extremo que un regulador, en este caso la Superintendencia de Casinos de Juego, se arrogue la facultad de intérprete de las afirmaciones expresadas en una sesión oficial de la comisión de Economía por una senadora titular de dicha instancia y exministra de la cartera que tuvo en su época la coordinación legislativa del gobierno que impulsó precisamente esta ley”.

La senadora sostuvo que la postura de Villagrán solo “tergiversa la verdad en el desempeño y rol de un cargo público ministerial el que la superintendencia sostuviere veladamente una vinculación incompleta de nuestra parte con la discusión legislativa en comento”.

Con todos estos frentes abiertos –informe de la Comisión Investigadora, auditoría de la Contraloría, demandas judiciales por la licitación y una dura disputa con la presidenta del Senado también por la licitación–, su permanencia en el cargo, según fuentes informadas, se torna insostenible.

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