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30 de Noviembre de 2020

Declaraciones de Constante Traverso, presidente de APEJA

Operadores peruanos cuestionan que el Congreso no haya derogado el ISC

Operadores peruanos cuestionan que el Congreso no haya derogado el ISC
El abogado considera que el sector se ve afectado por diversas opiniones, fundadas en el desconocimiento, que cuestionan la operación de juegos de azar.
Perú | 13/12/2018

Desde que el Congreso Peruano delegó en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar —por 60 días— en materia de gestión económica y competitividad, entre otras áreas, la Asociación Peruana de Entretenimiento y Juegos de Azar hizo pública su preocupación por la extensión del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) al sector de casinos y salas de máquinas tragamonedas.

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l abogado Constante Traverso, presidente de Asociación Peruana de Entretenimiento y Juegos de Azar (APEJA), sostiene que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) tiene como tarea pendiente la implementación de políticas que formalicen la economía, pero no debe incrementar la carga sobre las pocas empresas que cumplen con sus con sus obligaciones tributarias, tal es el caso de las compañías del sector del juego.

El Decreto Legislativo (DL) 1419, que incluye dentro de la base imponible del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) a los casinos y salas de máquinas tragamonedas, se publicó en el Diario Oficial El Peruano el 13 de septiembre. Acorde a esta norma, a partir del 1 de enero, los casinos y tragamonedas pagarán un impuesto fijo mensual, por cada máquina, de acuerdo a su producción, adicionalmente a los impuestos que ya afectan al sector.

Este decreto se promulgó a través de la delegación de facultades otorgada por el Congreso al Poder Ejecutivo (PE), mediante la Ley 30823. Tal como ocurre con todas las normas producto de este este mecanismo, es revisada por el Congreso de la Republica, conforme a lo establecido en el artículo 104º de la Constitución Política del Perú.

En el marco de este control parlamentario, la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso aprobó, el 4 de diciembre, un informe que recomienda derogar el DL 1419. "Este proceso de control legislativo, que debería mantenerse en un ámbito técnico-constitucional, se ve afectado por distintas opiniones que cuestionan la operación de juegos de azar en el país", se lamentó Traverso.

El presidente de APEJA criticó en varias oportunidades la ampliación del ISC (VER "En el hipotético caso que se aprobara un nuevo tributo en Perú, se generará nuevamente una batalla judicial" y "Es muy grave que en Perú se pretenda incrementar la afectación tributaria sin el menor análisis técnico"). Tras el reciente revés sufrido en el Congreso, reforzó su posición.

"Se dice que los juegos de azar generan ludopatía. Al respecto, debemos indicar que las cifras que muestran los supuestos especialistas no tienen ningún sustento científico. Se olvidan que, en esta materia, el Perú está a la vanguardia de la región desde la vigencia, en julio del 2002, de la Ley 29907 de Prevención y el Tratamiento de la Ludopatia en las salas de juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas. En virtud a esta norma, se ha creado un registro de exclusión. Las salas no pueden permitir el ingreso de los registrados, que hasta julio del presente año no superan las 500 personas a nivel nacional, de una población de 30 millones de habitantes", explicó.

Con respecto a la carga tributaria, argumento que los casinos no sólo pagan los impuestos que afectan a la actividad empresarial en el país, sino que además han pagado más de USD 1.000 millones en impuestos especiales: "En los últimos años, la recaudación por el impuesto especial al juego, creado en el año 1999, ha llegado a los USD 100 millones anuales, aproximadamente. Esta cifra equivale el 60% de la recaudación por el Impuesto Especial a la Minería, por ejemplo, y es más del doble de la recaudación por el Impuesto a las Transacciones Financieras, según la Nota Tributaria de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT). Queda demostrado objetivamente que, para una economía como la peruana, la afectación actual de la actividad de casinos y tragamonedas es más que razonable y así lo han confirmado reiteradas sentencias del Tribunal Constitucional".

La falta de control es otro de los puntos cuestionados. El abogado recordó que Perú es uno de los pocos países en el mundo que exige el control en línea y en tiempo real de las operaciones. "Además, debemos decir que el regulador peruano mantiene altos estándares de calidad en sus labores de control y fiscalización. Por eso, fue premiado en reiteradas oportunidades por su excelente trabajo", destacó.

Traverso rescató algunas cifras. Según la página web de la SUNAT, la industria del juego emplea a 76.897personas en Perú y es una importante fuente de promoción de la inversión privada y turística: se estima una inversión superior a los USD 1.000 millones.

"Si consideramos el alto grado de informalidad que existe en el país, podemos concluir que la presión tributaria sobre las cada vez menos empresas formales está llegando a montos irracionales y con efectos confiscatorios prohibidos expresamente la Constitución. Me pregunto, ¿qué está haciendo el MEF?", cuestionó el presidente de APEJA.

"En la solicitud de delegación de facultades, que originó el DL 1419 ahora en debate, el presidente del Consejo de Ministros fundamentó su pedido en que la presión tributaria del 2017 fue del 12,9% del P.B.I., la más baja de los últimos años. Además, señaló los altos grados de incumplimiento en el Impuesto a la Renta y en el Impuesto General a las Ventas. ¿Realmente el MEF piensa mejorar este indicador cobrando más impuestos a las empresas que ya pagan sus tributos? ¿No sería mejor buscar la manera ampliar la base tributaria a través de un proceso de formalización de la economía peruana que implique las grandes reformas que el país exige?", reflexionó.

Como vocero de APEJA aseguró que el sector del juego exige coherencia y considera que la tarea pendiente del MEF es implementar políticas para formalizar la economía, y no exigir una mayor carga a las empresas que cumplen con sus obligaciones.

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